Los incentivos salariales son una herramienta para estimular determinados resultados y la consecución de metas. Deben diseñarse con ese propósito. Los llamados pluses del sector público están muy lejos de este paradigma y responden, principalmente, a la presión de sindicatos o al deseo de compensar ciertas condiciones laborales, algunas de las cuales no se justifican.
Aunque esta realidad y sus consecuencias se han evidenciado a menudo, continúan las peticiones de mayores o nuevos privilegios. El 13 de julio, La Nación informó de la negociación de pluses por “peligrosidad” para los docentes cuya labor se desarrolla en zonas de inundaciones, erupciones volcánicas, enfermedades virales, alta delincuencia, embarazo adolescente, mortalidad infantil o falta de agua potable. Los nuevos beneficios se sumarían a los numerosos incentivos ya vigentes en el Ministerio de Educación Pública (MEP).
No se trata de criticar un beneficio per se, pues en cualquier función pública o privada es válido reconocer ciertas condiciones de trabajo. Pero sí cabe preguntar si los beneficios adicionales por atender estudiantes en zonas de alta delincuencia y de embarazo adolescente, por ejemplo, están asociados con una meta específica de contener o disminuir la deserción en esas zonas. De no ser así, ¿cuál es la contraparte del pago? Las mismas preguntas son válidas para los incentivos existentes por laborar en zonas de menor desarrollo socioeconómico o cualquier otro beneficio similar. Uno de los casos más evidentes es el pago de la anualidad.
Los pluses salariales no son exclusivos del MEP, pero los beneficios pagados en esa institución merecen especial atención por ser los más numerosos en el gobierno, porque son muchos los recursos asignados a la educación pública en los últimos veinte años y porque la mayor parte de esos recursos se han dirigido a aumentar las remuneraciones de los funcionarios del MEP. Aun cuando se han logrado avances importantes en la educación, persisten debilidades: no se ha universalizado la educación preescolar, más del 40% de los jóvenes entre 18 y 24 años no han completado secundaria y la calidad de la educación es deficiente, sea medida por las pruebas de bachillerato o por las pruebas internacionales.
Los funcionarios de las universidades también reciben numerosos beneficios salariales, dentro y fuera de la convención colectiva. Los sindicatos universitarios, además, son proclives a demandar más incentivos, aun por encima de los privilegios existentes. Próximamente se abrirá una negociación de la convención colectiva donde los sindicatos han propuesto aumentar los días de vacaciones a 20, 25 o 30 días hábiles según la antigüedad, la cesantía de 15 a 20 años, dar asueto del 26 al 31 de diciembre y pago de salario completo cuando se incapaciten más de tres días, entre otros. El resto de los trabajadores públicos y privados del país, salvo algunas otras instituciones del Estado, no gozan de beneficios semejantes.
Frente a los grupos de interés que defienden sus privilegios e incluso demandan más, el único contrapeso es exigir mejores resultados a las autoridades del sistema educativo y no ceder ante la exigencia de nuevas prebendas. Establecer públicamente metas de resultados por centro educativo, regiones, universidades, por ejemplo, y sobre todo, asociar esas metas a los beneficios salariales, nos encaminaría gradualmente en buena dirección. Los incentivos estarían, de esa forma, alineados con los objetivos de la sociedad.