24 junio, 2018

En el despacho de un abogado de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aparecieron 167 expedientes de procedimientos iniciados para aplicar sanciones por incumplimiento a proveedores de la institución. Los trámites prácticamente habían terminado y solo faltaba dictar la resolución final, dice la arquitecta Gabriela Murillo Jenkins, administradora temporal, por recargo, de la Gerencia de Logística.

Murillo se pregunta quién enviaba los expedientes al abogado y si alguien les daba seguimiento. Esto último, evidentemente, no ocurría, lo cual no quiere decir que el organigrama dejara de asignar un superior al profesional. Pero la funcionaria no sale de su asombro al constatar el descarrilamiento de 167 procesos en el breve lapso de cinco años. Así se explica cómo una empresa puede conservar la condición de proveedora pese a la existencia de 15 procedimientos en su contra.

Hecho el inventario, Murillo y los funcionarios encargados de intervenir la Gerencia de Logística encontraron 247 expedientes completos, salvo la firma en la resolución final. El paso del tiempo conduce a la impunidad y muchos proveedores aprovechan para alegar prescripción.

La Caja pierde las multas y no puede ejecutar garantías, pero hay consecuencias mucho más graves. Un proveedor incumplió cuatro veces su obligación de entregar un fármaco, pero pudo participar, en igualdad de condiciones, en una quinta operación. La medicina vendida resultó ineficaz.

La Caja parece estar asediada desde adentro. El desabastecimiento de medicinas y equipos ocurre bajo la tolerante mirada de los encargados y, luego, la institución se ve obligada a autorizar compras de emergencia, con escasos controles y altos precios. Ese fenómeno es conocido desde hace mucho y figura entre los problemas identificados por la comisión de notables nombrada por la presidenta Laura Chinchilla en el 2011, aunque para esa fecha ya tenía años de persistente presencia. Al amparo de las compras urgentes, la Caja ha sufrido una verdadera sangría de recursos.

El papel de abogados internos en la masiva impunidad de los proveedores es un elemento más novedoso e invita a pensar en cuántos otros engranajes de la inmensa maquinaria institucional anidan funcionarios como los citados. El caso de los expedientes abandonados es parte del último ciclo de anomalías, pero los escándalos son recurrentes.

En los primeros cinco meses del 2015, 14 compras urgentes consumieron ¢2.560 millones, pero en todo el año precedente hubo 24 compras de la misma naturaleza por ¢2.256 millones. Nada acredita la conveniencia de las adquisiciones del 2014, pero llama poderosamente la atención el súbito aumento del año siguiente en un rubro que está, o debería estar, bajo control de los administradores.

En el 2013, estaba fresca la memoria de otro escándalo relacionado con el sistema de compras y la Caja solo invirtió ¢761 millones en adquisiciones urgentes, en comparación con los ¢3.747 millones del 2011, por ejemplo. El patrón evidencia la frustrante reincidencia, pero también apunta a la posibilidad de controlar la anomalía. Los periodos de mayor alerta coinciden con la reducción del desabastecimiento y las compras urgentes.

No sería de extrañar si la coincidencia se extiende al cumplimiento de los proveedores. La oportuna sanción de las faltas es una pieza fundamental de ese sistema de alerta. En este caso, el castigo es la única forma de demostrar la vigilancia, en cuya ausencia ocurren hechos tan dañinos como los señalados.