31 octubre, 2017

La Corte Suprema de Justicia, estremecida por las revelaciones de los últimos meses, planea una profunda reforma con respaldo de la gran mayoría de los magistrados propietarios y suplentes. El cambio lo pide a gritos la sociedad costarricense, ansiosa de recuperar la fe en una institución fundamental del régimen democrático.

La última crisis comparable ocurrió hace tres décadas. El “Caso Fionna” también produjo un impulso reformista, pero, en esta ocasión, se plantea un cambio profundo, con repercusiones dentro y fuera del Poder Judicial. El sistema de elección de magistrados adolece de defectos cuya enumeración apenas se hace necesaria.

La negociación de los nombramientos entre los partidos políticos, en ocasiones para turnarse la selección del candidato ganador y, en otras, a cambio de puestos en el resto del aparato estatal, crea vínculos entre los más altos jueces y las agrupaciones promotoras de sus nombramientos.

A manera de hoja de parra, el Congreso inventó un sistema “objetivo” para asignar puntos según los atestados y logros de los candidatos. Pero los diputados se reservaron un importante porcentaje de puntos para asignarlos con criterio subjetivo. Basta con poner un cero en la entrevista para anular las ventajas acumuladas por un aspirante en los demás aspectos evaluados. Suficientes notas bajas bastarían para dejar por fuera al candidato más calificado.

El sistema, aunque se aplicara con absoluta corrección, plantea otros problemas. En algunos casos, los puntos se asignan con criterios cuantitativos, cuando la calidad debería importar más, pero lo cierto es que la contaminación de la política en el sentido menos noble de la palabra nunca ha podido ser erradicada.

El ánimo reformista ahora manifiesto en la Corte plantea, en primer término, el establecimiento de nuevos requisitos para ser elegido magistrado propietario o suplente, incluyendo la posibilidad de impedir el acceso al cargo, durante un plazo, a quienes hayan ocupado un puesto en los demás poderes de la República.

Tan interesante como el establecimiento de requisitos es la propuesta de un procedimiento distinto para nombrar a los altos jueces. Los integrantes de la Corte pasaron por el proceso vigente y conocen sus debilidades. Una iniciativa orientada a corregirlas no podría tener autores mejor calificados.

Si la propuesta definitiva responde al clamor de la sociedad, podría despertar resistencia en la Asamblea Legislativa, a cuyos integrantes se les estaría pidiendo rendir una parte considerable de su poder. Por eso, los magistrados deben hacer un esfuerzo sincero y lograr el respaldo de la ciudadanía para impulsar los cambios, incluidos los que inevitablemente serán objeto del engorroso trámite de reforma constitucional.

La agenda de cambio examinada el lunes por la Corte Plena no se agota en el sistema de elección de magistrados. También contempla el establecimiento de un régimen disciplinario para los altos jueces, la creación de un protocolo de conducta de los servidores judiciales y reformas a la carrera judicial.

La crisis del momento alcanza al Ministerio Público y, por eso, las comisiones de estudio analizarán el establecimiento de la carrera fiscal y los requisitos para la presentación del informe del fiscal general. La evaluación del desempeño —intentada en los últimos años con fuerte resistencia de un sector de los jueces— y las reformas necesarias para dedicar a la Corte Plena a la dirección de la política judicial general también son temas que tratar, así como la reforma integral del proceso penal, especialmente en lo relacionado con la lucha contra la corrupción, una materia que no ha logrado despertar el interés de la comisión legislativa investigadora de los créditos del Banco de Costa Rica, pero no por eso carece de importancia.