Costa Rica padece un profundo rezago en infraestructura vial que mina la calidad de vida de los ciudadanos y deteriora las condiciones para el desarrollo de actividades productivas. Sin embargo, mientras el Plan Nacional de Transportes calcula las necesidades anuales de inversión en carreteras en una suma equivalente al 2 % o 3 % del producto interno bruto (PIB), el país invierte menos del 1 % del PIB y sigue sin marcar un norte al respecto. La necesidad de mayores niveles de inversión conduce a preguntar sobre la utilización de los impuestos sobre los combustibles y la propiedad de vehículos.
Para el presupuesto del 2018, el Gobierno Central estima que se generarán alrededor de $1.200 millones (2 % del PIB) mediante la recaudación del impuesto sobre los combustibles ($900 millones) y del impuesto sobre la propiedad de vehículos ($300 millones). Sin embargo, solo un 40 % se destinará a las instituciones encargadas de gestionar la red de carreteras nacionales y municipales. Específicamente, del impuesto sobre los combustibles únicamente un 42 % irá al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y a las municipalidades, mientras del impuesto a la propiedad de vehículos se asignará un 47 % al Conavi. Sin duda, esta realidad llama a la toma de decisiones para redefinir las prioridades del gasto público con el fin de cerrar progresivamente la brecha entre la expectativa ciudadana y los servicios brindados. Sin embargo, aunque se utilizara el 100 %, los recursos seguirían siendo insuficientes. Son imprescindibles nuevas fuentes de financiamiento, como el cobro de peajes, que vinculen directamente el pago con el servicio brindado. Además, a mediano y largo plazo, las nuevas tecnologías de transporte harán muy difícil sostener financieramente un modelo dependiente del impuesto sobre los combustibles fósiles.
Dicho lo anterior, es preciso recordar que los pocos recursos destinados actualmente a la infraestructura vial entran a un modelo MOPT-Conavi que continuamente da muestras de serias y preocupantes ineficiencias. Un ejemplo claro son los recientes señalamientos de la Contraloría de la República sobre las debilidades en la gestión de la carretera Sifón-Abundancia. A pesar de más de una década de trabajos y $287 millones invertidos, no existe claridad del alcance definitivo del proyecto, ni del plazo de finalización, ni cuánto nos terminará costando. Es decir, asignar recursos a las instituciones públicas del sector vial difícilmente garantizará que el dinero se traducirá en mejores servicios. Estos pobres resultados son una clara señal de la impostergable reforma institucional y de la necesidad de acabar con dogmas ideológicos que hasta la fecha siguen bloqueando la introducción de esquemas de concesión y participación público-privada (PPP) que transfieran más riesgos y responsabilidades a las empresas contratadas.
En plena carrera electoral, es necesario que los candidatos tengan clara la importancia de recobrar la confianza del ciudadano. El primer paso es dejar de vender soluciones populistas y simplistas según las cuales, por ejemplo, esto es tan fácil como usar los recursos de los fondos de pensión o del INS o poner al ICE a hacer carreteras. La verdadera clave está en contar con una institucionalidad fuerte, proyectos bien preparados, apertura a los esquemas PPP y una visión a largo plazo. Poco haremos pidiendo más recursos a los contribuyentes si perpetuamos un modelo donde el desarrollo de nuestra red vial depende más de ocurrencias y facilismos que de las mejores prácticas y el criterio técnico.
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