La historia de la carretera a San Ramón se hace cada vez más interesante. El peaje no bajará de ¢4,000, ida y vuelta, y probablemente sea superior. Ya lo confesó el nuevo ministro de Obras Públicas y Transportes aunque el presidente, Luis Guillermo Solís, dice que es muy pronto para hablar del tema.
“Respecto de peajes, costos, etcétera, me parece muy prematuro hablar de eso en este momento. Saquemos la carretera primero y veremos después, por medio de los cálculos técnicos que sean necesarios, cuánto va costar el peaje.” Sin embargo, el peaje fue la razón esgrimida para desechar la concesión de la vía con todo y el pago de $35 millones de indemnización a la empresa contratada.
Según el presidente, las condiciones son distintas y “hablar de los peajes de aquel momento, contrastarlos con los que eventualmente se establezcan en el nuevo proyecto resulta absolutamente equívoco y no permite sacar conclusiones”. Por esa razón, él no quiere hablar del peaje.
El proyecto no es idéntico, pero el debate sobre la conveniencia de haber descarrilado la concesión, con el entusiasta concurso del mandatario, entonces candidato presidencial, es totalmente válido y no puede darse sin hacer comparaciones. Hagamos de lado las declaraciones de la exviceministra de Infraestructura de esta administración Giselle Alfaro, quien calificó de errada la cancelación de la concesión, lamentó el tiempo perdido y condenó la interferencia de las pasiones políticas en la toma de decisiones tan trascendentales.
Esa comparación, de orden tan general, cede frente a la especificidad de las declaraciones del nuevo ministro de Obras Públicas y Transportes, quien reveló que el peaje costaría al menos ¢4.000. Cuánto más costará no sabemos, pero el funcionario planteó la posibilidad de un “peaje a la sombra”, es decir, cargar parte del costo al maltratado presupuesto nacional.
Esa no es la forma de abaratar el peaje, sino de esconderlo con grave daño para las finanzas públicas. Por eso discrepamos del presidente e insistimos en hablar del peaje. Pero no solo el ministro reveló la necesidad de cobrar al menos ¢4.000. Lo mismo hizo el banco encargado de ejecutar la obra si sus condiciones son aceptadas por la Contraloría General de la República.
La última revelación sobre el tema la publicó este diario el 22 de julio. El peaje superará ¢4.000 aunque el fideicomiso no pagará impuesto sobre la renta, ni el 1,25% de los peajes por canon de concesión, ni el 2,5% para financiar la fiscalización de la obra. La concesionaria estimó que solo por impuesto sobre la renta cancelaría $1.300 millones a lo largo de los 30 años de la concesión.
Sin esos cargos, dice Edwin Rodríguez, exsecretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones, el modelo financiero habría permitido cobrar unos ¢3.000 ida y vuelta. Tiene razón el presidente: todavía no sabemos cuánto costará el peaje, aunque es más preciso decir que no sabemos cuánto más costará. Sabemos, por otra parte, que el costo de no percibir impuestos y cánones se le debe cargar a la obra y que la reparación y mejora de una pieza tan importante de la infraestructura vial lleva cuatro años de atraso. Por otra parte, todavía desconocemos cuándo se iniciarán los trabajos.
Salvo que sus dirigentes sepan algo ignorado por los técnicos del Ministerio de Obras Públicas y del Banco de Costa Rica, sabemos que el Foro de Occidente, tan elogiado por el mandatario en su momento, no afinó bien el lápiz cuando dijo que con ¢2.800 de peaje alcanza, o tal vez hizo los mismos números de la concesionaria, menos el impuesto sobre la renta y los cánones.