Golpe a la CCSS

Un primer grupo de 129 empleados podría recibir hasta ¢3.800 millones, según el informe de un perito de los tribunales de trabajo. Otros 942 reclamos ya figuran en dos expedientes con trámite avanzado. Si todos tuvieran éxito en los términos planteados por el perito, los números de la Caja sufrirán un revés difícil de manejar.

El origen del problema está en el estatuto de Servicios de Enfermería, aprobado en 1987. Por eso la fecha del reclamo retroactivo. Al amparo de ese estatuto, los salarios de los profesionales en enfermería de la Caja se deben equiparar al de los empleados del mismo ramo en el Régimen de Servicio Civil. En consecuencia, el salario base del enfermero diplomado 1 de la Caja debe ser igual al del licenciado 2 del Servicio Civil.

La amenaza es grave. Los juicios ya están ganados y lo que ahora se disputa es el monto a pagar, es decir, el trámite está en la fase de ejecución de sentencia. Según la Caja, el cálculo del perito puede haber superado en un 40% lo adeudado. La cifra sale del examen de una muestra de seis casos estudiados por el Departamento de Recursos Humanos de la institución.

La muestra es pequeña en relación con el número de reclamos y es difícil saber si, en definitiva, la erogación total será sustancialmente menor. Pero si la sobrevaloración global efectivamente fuera del 40%, la Caja se vería obligada a pagar cerca de ¢66.000 millones, unos 15.000 millones más que el polémico aumento concedido a las universidades públicas en el 2014.

Para mayores males, entre enero y agosto del 2015, la planilla de la Caja aumentó a ¢645.000 millones, un 9% por encima del 2014, lo cual equivale a unas tres veces la inflación. Las remuneraciones en la institución, así como en otras entidades autónomas, no guardan relación con la economía nacional o las finanzas internas. Se gobiernan por convenios y normas hechas a la medida, con la connivencia de autoridades complacientes.

Así, el personal de salud se beneficia automáticamente cuando los trabajadores del gobierno central logran un aumento, aunque de entrada sus ingresos son muy superiores y, en consecuencia, los mismos porcentajes tienen un efecto muy diferente. Un decreto reciente procura eliminar el encadenamiento o “enganche” salarial, pero no tiene importancia alguna, porque no modifica la ley. Mario Boschini, secretario de conflictos del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas, lo tiene clarísimo. Anunciado el decreto, no tardó en señalar la subsistencia de la ley y su disposición de recurrir a ella si hace un aumento importante a los demás trabajadores del sector público y el sindicato estima conveniente pelear un alza para diferenciarse en virtud de las responsabilidades de su profesión.

Pero los funcionarios y muchos diputados no aprenden del pasado ni de sus consecuencias presentes. En medio de la discusión nacional sobre el problema de las remuneraciones en el sector público, el diputado Marvin Atencio, del Partido Acción Ciudadana (PAC), encabeza a un grupo de legisladores para extender los beneficios a otros empleados estatales del sector de la salud. El proyecto reformaría tres artículos de la Ley General de Incentivos a los Profesionales de Ciencias Médicas para incluir a los psicólogos, farmacéuticos, trabajadores sociales y microbiólogos.

Si en lugar de controlar el gasto los diputados y otros jerarcas siguen haciendo “justicia” mediante la equiparación de privilegios, la Caja Costarricense de Seguro Social y quienes necesitan de sus servicios pronto enfrentarán otra crisis como la del 2010. La economía nacional tampoco tendrá remedio y los desposeídos pagarán, en ambos casos, el grueso de la cuenta.