Editorial

Gobierno de los autobuseros

Una tras otra, las iniciativas para ordenar el transporte público naufragan entre las objeciones de los autobuseros

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) contrató una investigación de la demanda de transporte al Programa de Desarrollo Urbano Sostenible (Produs) de la Universidad de Costa Rica. Los resultados no complacen a los autobuseros porque hay grandes discrepancias con el número de usuarios reportados por ellos para fundamentar la fijación de tarifas. Si se aplican los hallazgos de Produs, los usuarios pagarán mucho menos, pero el informe parece estar camino al olvido.

La Aresep también publicó un nuevo modelo tarifario, pero los autobuseros, de la mano de sus aliados en la Asamblea Legislativa, se apresuraron a objetarlo y la nueva jerarquía de la Aresep no corre el modelo. El intendente de Transportes, Enrique Muñoz, responsable de ambos intentos de poner orden y transparencia en defensa de los usuarios, es mucho menos visible desde la salida del anterior regulador.

El intendente se ha vuelto incómodo para los empresarios. Les rechazó un recurso contra el estudio de Produs y envió la gestión a la directiva de la Aresep. Nada se resolvió en esa instancia y el tema está en el despacho del nuevo regulador, Roberto Jiménez, quien no se ha pronunciado. Ni el nuevo modelo ni el estudio han surtido efecto alguno.

El viceministro de Obras Públicas y Transportes, Sebastián Urbina, intentó impulsar la sectorización del servicio para abaratarlo y reducir la cantidad de autobuses en las calles de la capital. El proyecto no complace a los empresarios y el presidente de la República apartó al funcionario de su ejecución. Según los transportistas, el plan no tiene sustento técnico, pero la diputada Marcela Guerrero, del partido oficialista, demostró ayer, en un artículo publicado en estas mismas páginas, la existencia de múltiples estudios hechos a partir de 1999.

Urbina se basó en uno de esos estudios, elaborado por el consorcio Epypsa-Sigma, cuya factura rondó los $800.000. Ese estudio tampoco merece demasiado crédito porque no complace a los empresarios del transporte. En consecuencia, el gobierno integrará grandes comisiones de estudio, con amplia representación del sector autobusero, probablemente para no producir ningún resultado. El tiempo lo dirá, mas la experiencia de tantos años no abona el optimismo.

El propio Urbina se dio a la tarea de impulsar el cobro electrónico. Ese mecanismo acabaría de una vez por todas con las dudas sobre la verdadera demanda, elemento fundamental para decidir los ajustes de tarifa. A los autobuseros no les gustó el empeño puesto por el funcionario en la promoción del sistema y el mandatario también lo separó de esa función. Horas después de rechazar la renuncia de Urbina, lo despidió por medio de un correo electrónico enviado la noche del miércoles.

El joven funcionario estaba a punto de reiterar su renuncia porque, después de la reunión donde lo convencieron de permanecer, tuvo acceso a las minutas de las conversaciones entre el gobierno y los autobuseros. Así se dio cuenta de un abismo entre el nuevo curso de acción y la ruta prometida horas antes por el mandatario para convencerlo de permanecer en el cargo.

De nuevo, en los casos de la sectorización y el cobro electrónico, la historia parece un ejercicio inútil y habrá borrón y cuenta nueva, con comisiones donde se desarrollará el “diálogo ciudadano” entre el gobierno y los empresarios, que con astucia se abstienen de manifestar oposición a las dos iniciativas. Parecen estar dispuestos a discutirlas hasta que el infierno se congele.

El Consejo de Transporte Público, donde los autobuseros están ampliamente representados, ha sido blanco de constantes críticas por la comprensión demostrada frente a las tribulaciones de un sector tan sacrificado. Ahora, recomienda elevar la representación de la Cámara Nacional de Transportes en las comisiones donde el gobierno dará rienda suelta al diálogo ciudadano.

Mientras tanto, los usuarios se quedan hablando solos, como es el caso de las comunidades de Hatillo y Alajuelita, cuyas reiteradas peticiones llaman a la Aresep a correr el modelo recién elaborado para saber si sus tarifas son justas. Parece difícil que lo logren sin autorización de los empresarios. En sus manos está la supervisión del servicio que prestan.

Según el ministro de Obras Públicas, el despido de su subalterno se debe a un comentario en las redes sociales. Urbina escribió que las decisiones deben ser tomadas por las autoridades, no por los intereses creados. Todos habríamos creído que esa es una verdad incontestable y pacífica, pero decirla desembocó en la destitución, quizá porque desnuda una realidad diferente: el gobierno de los autobuseros.

Las declaraciones del nuevo regulador, lamentando la salida del viceministro, podrían fundar una esperanza. ¿Qué tal si a partir de ahora las autoridades definen las políticas en lugar de los intereses creados?

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