Pese a la acumulación de evidencia científica sobre el daño ecológico infligido al planeta, la Humanidad no se decide a construir un legado ambiental aceptable para las generaciones futuras. Quizá sea mejor dejar de hablar de generaciones futuras y enfatizar los peligros existentes para los niños de hoy. Los científicos ya lo hacen, pero ni así consiguen vencer la indiferencia.
El viernes, el presidente Barack Obama, de quien el mundo habría esperado mejores obras, demostró la debilidad de la agenda ambiental frente a intereses más inmediatos de la política y la economía. Asustado por el alto nivel de desempleo, la fragilidad de la recuperación económica y las pendientes elecciones presidenciales, el mandatario ordenó cancelar la aplicación de nuevas regulaciones orientadas a disminuir la cantidad de ozono concentrado en el aire.
La agencia de protección ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) había pospuesto la iniciativa en enero del 2010, y ahora algunos grupos conservadores y del mundo de los negocios presionan para impedir su vigencia antes del 2013 cuando, seguramente, encontrarán nuevos motivos para solicitar una posposición.
Las razones siempre estarán a la mano. El costo de cumplir la nueva norma alcanzaría entre $19.000 y $90.000 millones. Nadie puede permanecer indiferente ante semejante cifra, en particular cuando las dificultades económicas azotan a los trabajadores en Estados Unidos y muchas otras regiones del mundo donde la salud de la economía norteamericana determina el bienestar de la población.
Sin embargo, el daño causado al ambiente también tiene alcance mundial y su costo podría ser mucho más alto, por irrecuperable. Las normas impulsadas por la EPA no son capricho. Cuentan con el respaldo unánime del concejo independiente de asesores científicos, un organismo de altísimo nivel establecido para aconsejar a la autoridad ambiental. En marzo, los científicos escribieron a la directora de la EPA, Lisa Jackson, para recomendarle la aceptación de las nuevas reglas en virtud de una “certeza suficiente” sobre su beneficio para la salud pública.
La decisión es particularmente dolorosa tratándose de Obama, un presidente comprometido con la causa ambiental, elocuente defensor de la energía limpia y los esfuerzos contra el calentamiento global. El mandatario enfatizó el carácter temporal de la contraorden y se esforzó por dar seguridades de su compromiso con la agenda ambiental. Analistas políticos estadounidenses encuadran la decisión en una tendencia a batirse en retirada frente a la oposición republicana en materia económica.
En diciembre, Obama renunció a sus intenciones de eliminar el recorte de impuestos concedido por la administración Bush a los estadounidenses más pudientes. Hace poco, acordó con los republicanos aumentar el límite de endeudamiento a cambio de una fuerte reducción de gastos, sin crear nuevos ingresos.
La oposición no desaprovecha oportunidad alguna para acusar a Obama de coquetear con políticas y regulaciones “destructoras de empleos” y nocivas para el desarrollo económico. John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, describió la decisión de suspender las normas sobre el ozono como un buen primer paso hacia la remoción de obstáculos al crecimiento económico.
El caso demuestra la fragilidad de la agenda ambiental en el país que más ha contribuido a la contaminación del planeta y, también, uno de los más preocupados por corregir el rumbo. Los científicos estadounidenses están entre los más aplicados al estudio de la materia y el debate ambiental es tan vigoroso en los Estados Unidos como en Europa.
Sin embargo, las realidades de la política y la economía impulsan una irracional insistencia en posponer las preocupaciones ambientales para satisfacer objetivos económicos de corto plazo. A ese paso, las soluciones casi seguramente llegarán cuando sea demasiado tarde.