EscucharA brincos y a saltos, el gobierno procuró enfrentar el escándalo de los sobresueldos irregulares pagados a ministros y viceministros. Intentó, primero, negar la anomalía. Luego, recurrió al eterno expediente de acusar a la prensa de querer perjudicarlo. Después, echó la culpa a los departamentos de personal de las instituciones involucradas y exhibió, como si fuera un mérito, la devolución de lo pagado en exceso, aunque no en todos los casos. Por último, emprendió una operación “embarre”.
Como si eso disminuyera sus responsabilidades, la administración del presidente Luis Guillermo Solís proclamó que lo mismo habían hecho gobiernos anteriores y anunció una investigación para demostrarlo. En su momento, observamos que el empeño equivalía a probar la falta de cambio en el gobierno del cambio. Pero la administración persistió en demostrar que en esta materia todo sigue exactamente igual.
Para no caer en contradicciones, el único camino abierto era exonerar a los gobiernos pasados. Así lo hizo, sin tardanza, el presidente de la República cuando se adelantó a los resultados de la investigación para declarar que en ningún caso hubo corrupción. Al final, el gobierno convirtió a los sobresueldos en una práctica tradicional, contraria a la ley pero sin mala intención.
Faltaba presentar la prueba y, para disimular el propósito de lograr el empate, la administración justificó sus investigaciones como necesarias para reclamar lo pagado en exceso, aunque había confesado la probable prescripción de los reclamos y se mostró comprensiva con los actuales funcionarios que no podrían devolverlo todo porque los montos son altos. ¿Cómo reclamar, entonces, la devolución a quienes dejaron la función pública hace años?
Los absurdos y contradicciones no impidieron la ejecución de las “investigaciones”, entrecomilladas por sus vergonzosos resultados. Es muy probable que otros gobiernos hayan incurrido en la misma práctica y algún caso afloró en su momento, pero la actual administración recopiló un listado de 39 funcionarios y exfuncionarios sin hacer la mínima diligencia para acreditar un posible pago inmerecido.
En algunos casos, habría sido tan fácil como ingresar a los registros electrónicos de los colegios profesionales y constatar si el “denunciado” era miembro cuando se le pagó la prohibición de ejercer su profesión. En otros, simplemente no había colegio profesional al cual integrarse. En uno, el denunciado no cobraba salario porque estaba pensionado y sirvió al país sin remuneración adicional.
Uno de los “denunciados” cobró según la ley, porque estaba incorporado al Colegio de Ingenieros, pero, además, falleció hace tiempo, con lo cual está más allá de todo reproche o reclamo. Tal fue la vergüenza que el presidente se sintió obligado a lamentar públicamente el error. La lista, anunciada con bombos y platillos para eludir y dispersar la responsabilidad por los sobresueldos ilícitos, fue un ejercicio de temeraria irresponsabilidad. Recuerda el célebre informe de los cien días, del cual no resultó prácticamente nada.
El ridículo absoluto afloró cuando la Contraloría General de la República devolvió a la Casa Presidencial el “informe” por tratarse de “meros listados”, inútiles para establecer responsabilidades. Además, señaló que las averiguaciones son competencia de las instituciones donde se hubieran dado los casos. Es difícil saber si el gobierno insistirá en demostrar la falta de cambio. Si persiste, seguramente lo logrará en algún caso. Por lo pronto, solo consiguió hacer varias injusticias y demostrar hasta dónde está dispuesto a llegar en su ánimo de lograr el empate.
