La Caja Costarricense de Seguro Social se ha visto al borde del abismo y, por fin, decidió plantarse frente a los reclamos irracionales de sus empleados, en particular los médicos. La tarea no es fácil porque los galenos se muestran dispuestos a emplear, una y otra vez, la salud de sus pacientes como arma de negociación. Es hora de encasquillarles el arma por razones financieras, pero también éticas.
En buena hora la Caja recurre a la ley para hacer frente a la huelga de anestesistas. La suspensión de cientos de cirugías no debe quedar impune. Entre ellas hay desde cesáreas hasta tumores malignos. Ni la alborada de una vida, ni la grave amenaza pendiente sobre otra, impide a los anestesistas abandonar los quirófanos en busca de 15 días de vacaciones profilácticas y un plus salarial del 5% por concepto de peligrosidad.
Las sustancias utilizadas por los anestesistas pueden tener efectos sobre la salud. Es cierto, pero el posible daño no se evita con un plus salarial del 5% y, hasta ahora, el mejor argumento para exigir las vacaciones profilácticas es que otros grupos de médicos, como los radiólogos, gozan del beneficio. La Caja está dispuesta a conversar con los anestesiólogos, en particular sobre las medidas de seguridad necesarias para prevenir el riesgo profesional, pero la oferta no despierta el interés de los profesionales, lo cual hace dudar de la sinceridad del reclamo.
La Caja se lanzó al contraataque. Es un fenómeno extraño, casi impensable antes de declarada la crisis institucional. Es, también, un fenómeno indispensable, cuya oportuna aparición pudo haber evitado la crisis. Con firmeza, la institución echó mano de todos los recursos legales a su alcance. Aparte de la acostumbrada petición a los tribunales de trabajo para que declaren la ilegalidad de la huelga, la Caja interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, en defensa del derecho a la salud de los asegurados. Acudió también a un juzgado contencioso-administrativo para solicitar una orden de reanudación de los servicios médicos y, en sede administrativa, pidió al Ministerio de Salud dirigirse a los huelguistas en busca del restablecimiento de la atención a los enfermos.
El resultado de esos procesos pueden ser resoluciones y órdenes de acatamiento obligatorio, so pena de incurrir en el delito de desobediencia. Por ejemplo, la ministra de Salud, Daisy Corrales, ya respondió con el giro de órdenes sanitarias. Si los anestesiólogos persisten en su actitud luego de recibidas las órdenes, la Caja no debe dar tregua en el seguimiento de los proceso penales, así como en los esfuerzos por obtener resarcimiento civil.
La oportunidad de poner fin a las presiones de los médicos no se presentará con frecuencia. Desde el punto de vista político, las circunstancias también son favorables pues el país es testigo de la crisis institucional, entiende lo que hay en juego y está indignado por el abuso. La solución inmediata del problema causado por los anestesiólogos no debe ser motivo para retroceder y otorgarles impunidad. En solo tres días de huelga, los hospitales suspendieron 771 operaciones. Para esos asegurados y sus familias, el daño es irreparable.
El temor a la justa confrontación y la concesión fácil, hecha ante la primera amenaza, son fuentes de incosteables privilegios bajo cuyo peso la Caja ha estado a punto de sucumbir. Así consiguieron los sindicatos elevar el tope de la cesantía a veinte años, cuando el común de los mortales goza de ocho, y obtener el equivalente a la totalidad del salario como subsidio de incapacidad, cuando los demás trabajadores reciben solo el 60%.
Así fue como durante diez años nadie se atrevió a aplicar la resolución de la Procuraduría a cuyo tenor el subsidio de incapacidad no puede entrar en el cálculo de aguinaldo, salario escolar, prestaciones y otros beneficios dependientes del salario.
Aplicada la resolución, las incapacidades en la Caja disminuyeron un 40% de un mes para otro, lo que evidencia el engaño y abuso practicados hasta entonces. Basta ya.