“Si en Costa Rica hubiese una cultura de rendición de cuentas real, Fernando Herrero renunciaría sin necesidad de que nadie se lo pida”, afirmó el entonces diputado José María Villalta cuando La Nación dio a conocer que el ministro de Hacienda llevaba años sin actualizar, para efectos tributarios, el valor de dos propiedades.
“Creo que él ha perdido toda credibilidad como ministro de Hacienda, sobre todo para pedirle al pueblo mayores sacrificios y garantizarle que se van a canalizar bien los impuestos. Está claro que utiliza toda clase de matráfulas legales para evadir y encima, cuando se le pone en evidencia, dice que no conoce la ley y culpa a las municipalidades. ¡Es el colmo!”, añadió.
El jefe de fracción del Frente Amplio, Gerardo Vargas, incurrió en la misma falta, pero el líder del partido dice no ver irregularidad alguna. Según el abogado Villalta, la ley exige actualizar el valor de las propiedades cada cinco años y como el diputado las adquirió en el 2011, todavía le quedan nueve meses de plazo.
El abogado Villalta considera, entonces, que la obligación de declarar el valor real y pagar impuestos de conformidad con ese precio surge cinco años después de la adquisición. Según criterio del excandidato del Frente Amplio, no existe anomalía si durante cinco años se mantiene una valoración de ¢800 para 56.000 metros cuadrados de terreno cuyo valor real es, cuando menos, ¢84 millones según la declaración de bienes rendida por el diputado Vargas ante la Contraloría General de la República cuando asumió el cargo. No hay irregularidad porque la ley concede un plazo de cinco años para ocultarle al fisco el valor de la propiedad.
Consecuencia de la extraña interpretación del excandidato del Frente Amplio es que el plazo de cinco años se renueva con la traslación de dominio. Las propiedades del diputado, producto de una herencia, mantuvieron por décadas la misma valoración. Como el hermano del legislador se las traspasó en el 2011, borrón y cuenta nueva. Hay cinco años más para declarar la verdad.
Eso, claro está, si la municipalidad no se da cuenta. El exdiputado Villalta estará de acuerdo con que la traslación de la propiedad no enerva la facultad concedida por el artículo 17 de la ley del impuesto sobre bienes inmuebles para efectuar la valoración de oficio cuando no exista declaración del titular. Lo contrario significaría que, además de estar facultado el propietario para ocultar el valor real durante cinco años, goza de una especie de inmunidad tributaria por el mismo plazo, en virtud de la cual la administración no puede subsanar la omisión.
La lógica de la argumentación conduce a un terreno movedizo. En última instancia, significa que la omisión del diputado Vargas está justificada y, si no paga de conformidad con el valor real, la culpa la tiene la municipalidad por no hacer la valoración de oficio. Pero ese es exactamente el alegato inicial del exministro Herrero, tan severamente criticado por el entonces diputado Villalta.
En cualquier caso, la extraña interpretación de la ley sería pertinente a ocho de las quince propiedades inscritas a nombre del diputado Vargas. Otras siete, adquiridas antes del 2011, suman 70.000 metros cuadrados y, en conjunto, están valoradas en menos de ¢5 millones. El precio de ninguna ha sido actualizado. Las adquiridas en 1989 y 2002 ya superaron ampliamente el supuesto plazo de cinco años.
Ninguna interpretación legal, por antojadiza que sea, elimina la similitud con el caso del exministro Herrero. Son dos propiedades cuyo valor no ha sido actualizado en décadas. Solo quedaría alegar que el diputado se presentó a la municipalidad en enero para hacer la actualización. Es decir, tardó décadas. El exministro también actualizó el valor de sus propiedades, si bien lo hizo cuando la anomalía ya había sido divulgada. El diputado Vargas conoce el antecedente y la vulnerabilidad de tener sus bienes en ese estado mientras clama, con razón, contra la evasión fiscal. ¿Desde cuando sabía que sus propiedades no valen el precio reportado?
Cuando se le preguntó por estos otros siete casos, el líder del Frente Amplio dijo no conocerlos y no estar dispuesto a especular. Ahora los conoce y es oportuno recordarle sus palabras de hace apenas tres años: “Si en Costa Rica hubiese una cultura de rendición de cuentas real, Fernando Herrero renunciaría sin necesidad de que nadie se lo pida”.