EscucharEl traslado de servicios públicos, en especial cables, postes y tuberías, atrasa y encarece la construcción de obras viales, como sucede con el paso a desnivel de Paso Ancho, iniciado en setiembre del 2014 y todavía no concluído. Si no hay más contratiempos, la entrega de la obra se hará en junio y, para entonces, el costo habrá aumentado en ¢324 millones, para no hablar de las molestias sufridas por los transeúntes a lo largo de tantos meses.
Cuando los encargados de la construcción piden a las instituciones proveedoras de servicios mover postes, tubos y cables, no hay presupuesto o tienen otras prioridades. En suma, las obras se planifican, diseñan y ejecutan sin prever obstáculos absolutamente predecibles ni disponer recursos para enfrentarlos.
En muchos casos, es imposible saber en dónde aparecerán las dificultades, porque las instituciones carecen de planos de ubicación de su infraestructura. En la ruta Cañas-Liberia, “vamos pegando contra todas las tuberías habidas y por haber, porque no las tienen bien localizadas”, dijo el ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta.
En el Paseo de las Flores, Heredia, la construcción de un puente peatonal se paralizó dos meses mientras la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) trasladaba unos cables de alta tensión. La estructura es prefabricada, pero esa circunstancia sirvió de poco para asegurar su puntual construcción.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) se defiende con una verdad enteramente obvia: “Ningún proyecto debería concebirse sin que desde el origen de su diseño estén contempladas las reubicaciones”. Es difícil discrepar con esa lógica cuando la única frase que viene a la mente es ¡por supuesto!
Como suele ocurrir en el Estado costarricense, las responsabilidades concretas de las instituciones, para no hablar de los funcionarios involucrados, son tan difíciles de discernir como las tuberías de ubicación desconocida. Sea por falta de mapas, escasez de presupuesto, desacuerdo sobre prioridades, imprevisión de los diseños o trabas burocráticas, como la lenta tramitación de órdenes de compra achacada por el AyA al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en el caso de la carretera Cañas-Liberia, los recursos y conveniencia del público se despilfarran sin contemplaciones.
Las soluciones propuestas son varias, pero al conocerlas el ciudadano solo podrá preguntarse por qué no se adoptaron antes. Más aún, por qué no se adoptan ya. Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva del AyA, informa de negociaciones iniciadas “desde hace tiempo”, para responsabilizar a los constructores por la reubicación de tuberías, siempre bajo supervisión del AyA. German Valverde, director del Conavi, propone incluir en los proyectos partidas para la reubicación de servicios, con la condición de permitir el posterior reclamo de lo gastado.
Tampoco sería malo tomar en serio la coordinación interinstitucional, especialmente cuando se trate de obras de gran envergadura, como la vía entre Cañas y Liberia, o de importante impacto sobre la vida cotidiana de los usuarios, como es el caso de la vía a desnivel en Paso Ancho.
Las experiencias reseñadas proyectan una sombra de duda sobre la ejecución de grandes proyectos futuros, como la ampliación de la carretera a Limón. El financiamiento está negociado y corren los plazos previstos, los empréstitos fueron aprobados en el Congreso y durante meses se han desarrollado discusiones con la constructora china sobre ajustes adicionales a la obra. Sin embargo, quedan por delante, además de las expropiaciones necesarias, la reubicación del poliducto, la fibra óptica, las líneas de distribución de energía y las de agua.
El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos calculó en tres años el tiempo necesario para reubicar esos servicios y no hay claridad sobre el costo. ¿Cuándo estará lista la obra? Es imposible vaticinarlo.
