EscucharA estas alturas, nadie sabe cuánto costarán los arreglos de la carretera a Limón pactados con la empresa china CHEC. Con suerte, el misterio se despejará a mediados del año entrante, pero el gobierno no se abstendrá de firmar las enmiendas al contrato original y, según se desprende de las declaraciones de la empresa constructora, el aumento en el costo será significativo.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) pidió a CHEC construir unos 60 kilómetros adicionales de vías paralelas, dotar a los puentes de condiciones antisísmicas y ampliar los espaldones para cumplir con la normativa centroamericana. Esta última exigencia, al parecer, fue abandonada pues por sí sola elevaría el costo hasta en $50 millones.
Lo extraordinario del caso es la cadena de contradicciones en que incurrió el MOPT a lo largo del proceso. El contrato con CHEC fue un caballo de batalla de la campaña electoral del Partido Acción Ciudadana, con todo e insinuaciones de malos manejos. El 12 de junio del 2014, apenas inaugurada la nueva administración, el ministro Carlos Segnini compareció ante los diputados para reiterar las dudas y hacer un largo inventario de las debilidades del proyecto. La relación del Ministro incluía la lista de mejoras por las cuales, ahora sabemos, CHEC cobrará más.
La probabilidad de una petición de aumento era evidente pero, el 25 de febrero, poco antes del segundo debate del empréstito chino que financiará la obra, el Ministro declaró que la constructora tendría que aceptar los cambios sin compensación adicional, pues de eso dependería la ejecución del proyecto. Acto seguido, anunció la redacción de un texto de 50 páginas para aclarar temas como el ancho de la vía y las intersecciones, sin encarecer la obra en un solo colón.
El Ministro ofreció su “garantía personal” de que no habría problemas y remitió a los diputados una carta donde mostró confianza en la solidez del acuerdo, aunque Costa Rica no logre cumplir los plazos contractuales, porque “el honor, tan asentado en la cultura china, impediría que hagan algo que los haga verse como quienes quieren aprovecharse abusivamente, manteniendo las condiciones originales durante las negociaciones, pese al vencimiento del plazo, y cambiarlas una vez obtenida la aprobación legislativa”.
El 28 de abril, Teresa Wu, representante de CHEC en Costa Rica, dijo que el aumento del precio sería “sustancial” y mencionó la posibilidad de renegociar el préstamo si las decisiones pendientes no se resolvían este año, pero el ministro negó crédito a las declaraciones y se las atribuyó a “alguna cuestión idiomática”.
“El precio pactado a llave en mano, a mano alzada, o como se llame, se va a mantener”, afirmó tajante. “Si a ellos el proyecto les deja pérdidas, se van”. Cuando se le preguntó si el MOPT estaba dispuesto a pagar más, respondió, con molestia: “Viera que no tengo por qué opinar sobre sus especulaciones”.
Sin embargo, en la comparecencia legislativa del 2014 había advertido “la posibilidad de que el contratista abandone los trabajos o busque vías legales alternativas para reclamar costo adicional”. Ese, dijo, era un riesgo del contrato a mano alzada suscrito por la administración anterior.
Ahora queda claro que la construcción seguirá adelante, aunque la empresa China no ha cedido en nada y las garantías rendidas por el Ministro para lograr la aprobación del empréstito en la Asamblea Legislativa carecen de valor. Los representantes de CHEC más bien advierten que el proyecto está a punto de no ser rentable a consecuencia del atraso costarricense.
Todavía falta aclarar el tema de las expropiaciones necesarias y la relocalización del poliducto, la fibra óptica, las líneas de distribución de energía y las de agua. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos calculó en tres años el tiempo necesario para reubicar esos servicios y el costo también es objeto de debate. El peligro de que se cumplan las advertencias chinas sobre la renegociación del empréstito crece. Ese sería el colmo, si todavía no lo hemos alcanzado.
