El baratillo de Maduro

En vísperas de la Navidad y, más importante, de las elecciones municipales, Maduro planea fijar por decreto el precio de diversos bienes de consumo. La gente se agolpa en las puertas de las tiendas que los distribuyen para ser los primeros en aprovechar las esperadas gangas. Sabia intuición. Los primeros probablemente serán los únicos porque, una vez desabastecidos los anaqueles, es difícil creer en la reposición de inventarios.

La inflación en Venezuela ronda el 54%. Maduro se niega a atribuirla a la caótica política económica de su gobierno e inventó la existencia de una “guerra económica” contra el régimen, capitaneada por empresarios opositores. Es decir, el alza en los precios es producto de la especulación –una mezcla de avaricia y mala intención– que el mandatario puede resolver con solo decretar rebajas de acatamiento obligatorio.

Por eso advierte a los comerciantes: “No me vengan con cuentos”. Los precios, al parecer, no son en Venezuela materia económica, sino psicológica o volitiva. Frente a la arbitraria voluntad de elevarlos se yergue la del líder máximo, empeñada en empujarlos en la dirección contraria.

Tan peregrina concepción de la economía no tardará en surtir efectos, como ya ocurrió en Venezuela con otros artículos y ha ocurrido en todo el mundo, allí donde los gobernantes dan la espalda a las más elementales leyes del mercado.

El baratillo de Maduro está a punto de suceder. Para asegurar el éxito, la fracción chavista de la Asamblea Nacional se encargó de remover el último obstáculo. El presidente pretende la concesión de poderes especiales para gobernar por decreto, como en su momento lo hizo su mentor Hugo Chávez, pero está a un voto de la mayoría necesaria para hacer su voluntad.

Para subsanar la deficiencia, los oficialistas desempolvaron viejos cargos contra una congresista opositora y aprobaron su desafuero. La legisladora fue sustituida por un chavista y el mandatario completó los 99 votos necesarios para gobernar por decreto, con poderes extraordinarios.

Lo más extraordinario del caso es que la legisladora María Mercedes Aranguren fue elegida por el partido de Maduro, cuando ya se conocían las acusaciones en su contra, y luego se pasó a la oposición. Los cargos datan del 2008, cuando Aranguren ejerció cargos públicos al abrigo del gobernador chavista del estado de Monagas, José Gregorio Briceño, caído en desgracia y expulsado del partido oficialista. Los cuestionamientos no fueron obstáculo para su postulación como candidata del gobernante Partido Socialista Unificado de Venezuela.

El desafuero de Aranguren siguió todos los pasos del procedimiento previsto: la Fiscalía pidió al Tribunal Supremo de Justicia evaluar los cargos y decidir si solicitaría a la Asamblea el levantamiento del fuero de la diputada. Los jueces hicieron la solicitud al Congreso, que votó en bloques, con la oposición en completo desacuerdo y el oficialismo a favor, a fila cerrada.

Sin embargo, ni la Fiscalía ni el Supremo venezolano se han librado de cuestionamientos por obsecuencia frente al Poder Ejecutivo, y mucho menos la fracción legislativa chavista. Aranguren niega los cargos, atribuye la maniobra al deseo de conquistar el voto 99 para otorgar a Maduro poderes extraordinarios y reclama a los parlamentarios oficialistas la obtención de “respeto solamente a punta de miedo, a punta de amenazas”.

Más allá del debate sobre las responsabilidades atribuidas a la legisladora, lo menos que puede decirse de su desafuero es que resulta oportuno para las pretensiones de Maduro. Pero la inflación y, en general, la economía no resultarán igualmente vulnerables ante la maniobra política.