La conducta de los miembros de una organización, pública o privada, no la definen sus objetivos teóricos, a veces denominados “misión” y “visión”, sino los incentivos establecidos para cada uno de ellos. Los incentivos indebidos alejan a los funcionarios de las metas institucionales. El 9 de julio publicamos dos noticias útiles para ejemplificar conductas que, cuando menos, merecen ser revisadas.
Según la primera, los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se incapacitan siete veces más que el promedio nacional. Casi un tercio de las incapacidades totales del país durante el 2018 correspondieron a empleados de la CCSS, donde un trabajador recibe, en promedio, 2,26 boletas de licencias por enfermedad anuales, comparado con 0,29 por los empleados del Banco de Costa Rica y 0,38 por los de Chiquita Brands, entre otros.
Conocido ese dato preocupante, porque el gasto administrativo es uno de los factores de costo de la seguridad social, voceros de la CCSS destacaron que ellos “no son comparables con ningún grupo ocupacional” del país, pues por la propia naturaleza de su trabajo están expuestos a las enfermedades de los pacientes y porque tampoco pueden arriesgarse a contagiarlos por padecimientos propios. En principio, eso explica parte del problema, pero no necesariamente todo, pues se impone comparar la incidencia de incapacidades por mil empleados en la CCSS y entre sus homólogos de los hospitales privados, expuestos a las mismas circunstancias.
También habría que separar los diversos grupos de funcionarios para verificar si los administrativos, como los empleados en labores de back office o los del área de pensiones, tienen índices comparables con sus homólogos, pues podría ser que en la CCSS se haya activado un riesgo moral por el que médicos conceden más liberalmente licencias a sus compañeros (“Empleados de CCSS se incapacitan 7 veces más que el promedio nacional”, La Nación, 9/7/2019).
La otra noticia procede del sector privado. Se refiere a una solicitud de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica) para que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) imponga “aranceles adicionales al azúcar importado, en vista de un incremento en las compras en el exterior, lo cual afecta —según Laica— a los productores locales”. Los aranceles solicitados, de aprobarse, se sumarían al 45 % (sí, al 45 %) actual. En otras palabras: Laica solicita elevar la enorme barrera proteccionista que, para favorecer a sus miembros, tiende a encarecer el producto comprado por todos los consumidores nacionales.
Como siempre, los solicitantes de este endurecimiento del proteccionismo indebido alegan la existencia de muchos productores independientes (8.000) y 12 ingenios azucareros. De acuerdo, pero comparen esos datos con los casi 5 millones de consumidores y el panorama se aclara (“Laica solicita al MEIC elevar arancel a azúcar importado”, La Nación, 9/7/2019).
Si a los empleados públicos se les permite operar sin restricciones razonables, se les crean oportunidades de procurar el máximo bienestar para sí mismos, aun a costa del de los gobernados. Lo mismo sucede en el sector privado, en el que lo usual es que los empresarios favorezcan un esquema de competencia plena para lo que compran y de monopolio, a su favor, para lo que venden.
Las incapacidades en la CCSS deben ser investigadas para verificar si en efecto sus funcionarios constituyen un grupo especial. De no ser ese el caso, procede tomar medidas correctivas pues —como señalamos— el costo de administración contribuye a lesionar las finanzas de la seguridad social. En el caso de los productores de azúcar, un arancel del 45 % es elevadísimo, tanto que ni siquiera aporta ingresos fiscales. Su fin exclusivo es garantizar a los miembros de Laica un coto de caza y eso es inadmisible.