La discusión sobre la racionalidad del gasto público no podría desear mejor caso de estudio que el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), dotado de ¢490.114 millones en el 2021. En las últimas cuatro décadas, el país y el mundo cambiaron radicalmente, mas no la distribución del financiamiento de las universidades estatales.
Desde 1981, la fórmula destina el 59 % a la Universidad de Costa Rica, el 23 % a la Universidad Nacional, el 11,5 % al Instituto Tecnológico y el 6 % a la Universidad Estatal a Distancia, pero en ese año tres cuartas partes de las exportaciones costarricenses consistían en café, banano, azúcar y carne. Era la «economía del postre» de don Pepe Figueres y su Pobreza de las naciones.
Seguíamos inmersos en el Mercado Común Centroamericano y la apertura comercial era una posibilidad teórica. Los universitarios apodaban Matilde a una de las computadoras más potentes del país. Ocupaba una sala, funcionaba con tarjetas perforadas y su capacidad era ridícula en comparación con el más tonto de los teléfonos inteligentes, en aquella época todavía no inventados.
Por supuesto, no había forma de prever las necesidades del mercado laboral cuando el mundo comenzara a utilizar la Internet y Costa Rica lograra lo impensable: exportar sofisticadas tecnologías. Tampoco teníamos noción de nuestra paulatina transformación en una economía de servicios y ni siquiera sospechábamos la posibilidad de convertirnos en una pequeña, pero pujante, potencia turística.
A lo largo de esas transformaciones, el FEES siguió igual. Cuarenta años más tarde el inmovilismo nos pasa la factura. A las puertas de la cuarta revolución industrial, la formación científica y tecnológica representa el 16 % de la oferta académica total si se hacen a un lado las ciencias de la salud.
Las carreras STEM (siglas en inglés de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) generan las mayores oportunidades laborales y son indispensables para incrementar la competitividad y atraer inversiones, pero están concentradas en el Instituto Tecnológico, dotado del 11,5 % del FEES, y la Universidad Técnica Nacional, que ni siquiera participa en el fondo y se financia con una partida especial.
Mientras el Tecnológico rechaza miles de solicitudes de ingreso todos los años por falta de presupuesto para ampliar plazas, la Universidad de Costa Rica y la Nacional gradúan olas de profesionales en ciencias sociales y humanidades, disciplinas absolutamente indispensables, pero no en exceso ni en detrimento de las necesidades del desarrollo.
Las deficiencias las ha venido señalando el Informe sobre el estado de la educación y hace poco una comisión legislativa especial recomendó distribuir el FEES según los dictados de una planificación eficaz y un sistema de evaluaciones rigurosas.
El Tecnológico, dice el informe, pronto obtendría una mayor proporción de los recursos gracias a su eficiencia y la adaptación de su oferta académica a las demandas de una sociedad en rápido proceso de transformación.
Por insistencia de los rectores del Tecnológico y la Universidad Estatal a Distancia, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) al fin accedió a negociar, en enero, un cambio en la fórmula. El ajuste será lento y sufrido. Hay muchos intereses creados y conocemos la capacidad de las instituciones de educación superior para oponer resistencia al cambio, pero el inicio de la conversación es una excelente noticia.
«Un tema que hemos venido conversando en Conare es el alineamiento de la oferta académica (...) cómo revisarla y alinearla con lo que requiere el sector socioproductivo. Esto significa que probablemente haya que subir el número de cupos en carreras STEM, por lo menos Ingeniería, que nos interesa muchísimo, pero habrá que reducirlo en otras», afirma Luis Paulino Méndez, rector del Tecnológico y presidente del Conare. Con alivio, solo podemos decir: ¡Ya era hora!