11 octubre

Con la aprobación de la reforma fiscal en primer debate, la huelga, dirigida a que fuera retirada de la corriente legislativa, se vació de sentido y fracasó. A esto último también han contribuido el generalizado rechazo ciudadano a las medidas de fuerza adoptadas por algunos de sus protagonistas, la firmeza de los diputados quienes rechazaron sus presiones y amenazas, la convicción del Poder Ejecutivo sobre su imperativa necesidad y las declaratorias de ilegalidad en casi todos los casos denunciados ante los juzgados de trabajo.

Cualquiera en su sano juicio debería suponer que la declaratoria se mantendrá, con todas las consecuencias laborales que tendrá para los huelguistas

El más reciente y, junto al referido a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es el del magisterio. Aun así, en una actitud totalmente irresponsable hacia los estudiantes, padres de familia y los propios afiliados, las cúpulas y los representantes regionales de sus tres principales sindicatos decidieron el miércoles mantener la huelga. Los trabajadores de la educación deben desoírlos y regresar a sus labores. Ni la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), ni la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), ni el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) pueden ser dueños de la voluntad libre de sus afiliados.

La paralización de labores, que ya superó el mes, golpea, aproximadamente, al 50 % de las instituciones educativas estatales. No importa si uno ve este “vaso” medio lleno o medio vacío, lo cierto es que el porcentaje resulta en extremo elevado y perjudica irreversiblemente a los estudiantes afectados y sus padres de familia. Los primeros, tal como dijo en nuestra edición de ayer el ministro de Educación, Edgar Mora, “son la razón de ser del sistema educativo”. Desdeñar el deber de enseñarlos implica una violación a su derecho a la educación. El tiempo que han perdido difícilmente será plenamente recuperado, y existe un efecto igualmente odioso: la inequidad entre aquellos niños y jóvenes que sí han podido continuar sus lecciones —sea porque están en centros educativos privados o públicos que se mantienen activos— y aquellos que han sido privados de la enseñanza. Los padres de familia, por su parte, han visto dislocada su vida cotidiana y, en muchos casos, deberán acudir a pagar cursos remediales para que sus hijos recuperen la materia perdida.

Lo anterior es algo que debe tocar la conciencia de los educadores y otros miembros del sistema. Aunque carecieran de sensibilidad (que la mayoría sí tiene), hay de por medio otra razón: sus propios intereses. Ya la huelga fue declarada ilegal y, dada la enorme cantidad de resoluciones similares y la contundencia de los argumentos señalados por el juez en este caso, es prácticamente imposible que, tras la apelación, un tribunal falle de otro modo. Es decir, cualquiera en su sano juicio debería suponer que la declaratoria se mantendrá, con todas las consecuencias laborales que tendrá para los huelguistas.

Los dirigentes, a sabiendas de que se basan en dudosas expectativas o vulgares mentiras, han tratado de hacer creer a sus afiliados que la rebaja de salarios por los días no trabajados comenzará a correr a partir de que quede en firme la ilegalidad. Esto no es así. Si alguien ha incurrido en una conducta ilegal, su responsabilidad (y consecuencias) por ella comienza desde el principio, no cuando un tribunal tome la decisión final, sobre todo, si de por medio existe una grave afectación a servicios públicos esenciales. Además, toda relación laboral implica una contraprestación: el empleado ofrece su trabajo; el patrono, una remuneración a cambio de él. Si se produce un abandono laboral sin causa justificada (y una huelga ilegal no la tiene), desaparece la obligación de remunerar.

Vistos todos estos elementos, la decisión de la cúpula y sus extensiones regionales y sectoriales carece de justificación válida alguna. Pareciera que, renuentes a aceptar que han fracasado y actuado con grandes errores tácticos e irresponsabilidad, ahora buscan mantener un estado de crispación a costa de los estudiantes y sus propias “bases”. Es algo inaceptable. Por ello, merece el repudio de todos, comenzando por los propios educadores. Su lugar, como el de los estudiantes, está en el aula.