La confianza de los actores económicos —productores encargados de la oferta y consumidores que crean la demanda— es clave para el crecimiento económico. Cuando alguna de las partes pierde seguridad y se abstiene de producir o de comprar, la economía entra en un ciclo recesivo. Si el efecto negativo fuera sensible, podría justificarse el ingreso activo del gobierno al mercado para, como se dice popularmente, “sacar la carreta del barreal”. Desafortunadamente, en nuestro caso, el Gobierno Central no opera con un presupuesto anticíclico que le permita ese grado de maniobra.
En general, la mejor contribución del Estado a la reactivación económica es la creación de un ambiente de confianza entre los actores económicos. Mientras haya dudas sobre las perspectivas futuras, los consumidores se abstendrán de adquirir bienes duraderos, como vehículos automotores y viviendas. También los empresarios pospondrán sus decisiones de inversión en bienes de capital, como maquinaria, equipo e instalaciones.
La Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica publica periódicamente el índice de confianza de los consumidores (ICC), sintetizado en un número entre 0 y 100. Valores por encima de 50 indican confianza y, por debajo, desconfianza. Hace poco la Universidad publicó el más reciente índice, ubicado en 37 puntos. Aunque se mantiene en el terreno de la desconfianza, constituye una mejora con respecto a agosto del año pasado, cuando se colocó en 28,5 puntos.
La mejora en este importante indicador de confianza macroeconómica es bienvenida, pero no es suficiente, por varias razones. La primera y más obvia es que todavía está por debajo del punto de corte de 50, y eso no estimula la producción ni el consumo. Por otro lado, los 37 puntos de calificación final no son una posición sólida y podría empeorar en la próxima evaluación, debido a factores negativos, algunos persistentes, como el desempleo, y otros emergentes, como el temor al coronavirus.
La confianza de productores y consumidores puede haberse visto afectada negativamente por el anuncio oficial de que la desocupación estaría por esta fecha en alrededor del 8 % de la población económicamente activa (PEA), cuando la realidad indica que está por encima del 12 %.
Otro factor negativo que afecta las percepciones del sector empresarial son las contradicciones entre miembros del equipo económico sobre asuntos como el mejor momento para enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de empleo público, necesarísimo para controlar el crecimiento exponencial de los salarios.
La administración Alvarado debe hacer más por reactivar la economía para conseguir una serie de ventajas que hemos enunciado hasta el cansancio desde este espacio. Para eso es necesaria una coordinación superior del equipo de gobierno a fin de que los mensajes oficiales y —tanto o más importante — las acciones, vayan en un solo sentido. El Consejo de Gobierno es la instancia última, el ápice, donde debe darse esa coordinación. Es allí donde los responsables de la ejecución de las acciones deben periódicamente informar sobre los logros, los riesgos y las oportunidades de mejora.
En suma, si bien la leve mejora del índice de confianza del consumidor calculado por la UCR nos llena de satisfacción, todavía queda mucho por hacer en materia macroeconómica y, por nada, debe el país renunciar a la búsqueda de la reactivación económica.
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