Los fondos de pensiones deben mantener en todo momento reservas para atender los requerimientos presentes y futuros de sus afiliados. Las reservas pueden constituirse con títulos de renta variable, como las acciones, o de renta fija, como los bonos. En Costa Rica, el mercado de títulos de renta variable no está bien desarrollado. Pocas empresas cotizan en bolsa y, por tanto, los fondos de pensiones deben recurrir en mayor grado a conformar sus carteras con bonos del Gobierno (Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica).
Al ofrecer pagos periódicos fijos, el precio de mercado de los bonos está sujeto a variación, pues las características de las nuevas emisiones suelen condicionar el precio de los bonos ya integrados a las carteras de los inversionistas. El precio varía a la inversa de las tasas de interés pagadas por los nuevos títulos comparables. Si, por ejemplo, el Gobierno tenía títulos colocados que reditúan un 5 % anual y los nuevos ofrecen tasas del 10 %, el precio de los primeros se vendría a la mitad, pues esa sería la forma de ofrecer a sus potenciales compradores un rendimiento del 10 %.
En Costa Rica, las tasas de interés exigidas por el mercado de bonos de deuda pública ha tendido a crecer en el pasado reciente, en parte porque las condiciones del mercado financiero internacional apuntan en esa dirección, pero, sobre todo, por la incertidumbre respecto de la solución del problema fiscal que, entre otras cosas, llevó a las calificadoras internacionales de riesgo crediticio Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s a bajar la nota de riesgo soberano.
Lo anterior produjo bajas significativas en la rentabilidad de muchos fondos de pensiones cuyas carteras mantienen títulos del Gobierno de Costa Rica valorados a precios de mercado según los principios financiero-contables aceptados. Con datos a febrero, la operadora Popular Pensiones debió —por el fenómeno descrito— reflejar una pérdida cercana al 1,5 % de sus inversiones, Vida Plena casi un 3 % y las pérdidas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS-OPC) superaron el 7 % (“Apuros de liquidez en Gobierno restan valor a fondos de pensión”, La Nación 19/3/2019).
Conforme más alta sea la proporción de títulos de un mismo emisor en la cartera de una operadora de pensiones, mayor volatilidad experimenta. Como bien dice la máxima que aconseja no poner todos los huevos en la misma canasta, una cartera diversificada, por emisores y hasta por moneda, es más estable que una concentrada.
En un mercado financiero como el costarricense, en el que los títulos de deuda pública constituyen una elevada proporción del total, la administración prudente de las obligaciones contraídas por el Estado es una necesidad. La cautela pide operar con títulos seriados, que ofrezcan liquidez, con vencimientos razonablemente distribuidos en el tiempo para evitar vendimias. También es sensato operar con un bajo nivel de déficit en relación con la capacidad de absorción de deuda del mercado nacional.
Cuando las necesidades de endeudamiento del gobierno comienzan a ser elevadas, una salida posible es recurrir al mercado internacional para financiar la deuda al menos parcialmente. Al ser ese mercado más grande que el doméstico, la administración podría colocar deuda en condiciones más favorables. Pero donde hay rosas hay espinas: como los títulos son denominados en moneda extranjera, el ingreso de divisas al mercado local puede propiciar una sobrevaluación de la moneda nacional, que afectaría al sector exportador. Además, el gobierno se expone al riesgo cambiario y una futura devaluación del colón haría más difícil el servicio de la deuda externa.
La moraleja es, si bien la creatividad financiera puede ayudar al gobierno a enfrentar temporalmente sus problemas de caja, a mediano y largo plazo lo mejor es que sus finanzas —ingresos por impuestos y los gastos— operen de forma razonablemente equilibrada.