Las obras de ampliación y mejora de la carretera San José-San Ramón, y sus radiales, de solo 60 kilómetros de longitud, constituyeron un sueño para los habitantes de su zona de influencia directa y, también, indirecta, porque coadyuvaría a agilizar el tráfico en otras vías, como la ruta 27. Pero ese sueño se ha convertido en una interminable pesadilla. Las entidades públicas encargadas (el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT, y el Consejo Nacional de Vialidad, Conavi) así como el Banco de Costa Rica (BCR), seleccionado para administrar la peculiar figura de fideicomiso, demuestran gran incapacidad ejecutiva, proceden a poquitos y no logran avances significativos.
La obra fue dada en concesión a la constructora brasileña OAS, pero, en abril del 2013, hace casi cinco años, la presión de un grupo de residentes en la zona de influencia directa, preocupados por el monto de los peajes previstos, obligó a la administración Chinchilla a rescindir el contrato. El país (los contribuyentes) pagó una jugosa indemnización a OAS.
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El proceso volvió al punto cero y la administración Solís, sin mayor análisis, decidió encauzar la obra mediante un fideicomiso con un manojo de condiciones muy cuestionables. El costo sería financiado en su totalidad con deuda, no con aporte patrimonial y deuda, como es el caso típico de las concesiones. Ese detalle introdujo una alta dosis de riesgo financiero y, en esas circunstancias, los potenciales financistas no comprometerán recursos sin una prima cuyo monto necesariamente impactará los peajes. La verdad sale con cuentagotas, pero ya quedó clara la imposibilidad de ejecutar la obra con tarifas inferiores a las de OAS.
El BCR asumió funciones de fiduciario en agosto del 2016 y, posteriormente, estimó imposible ejercer su función como la planteó en su oferta. Entonces, exigió el control casi total de los componentes de la obra, pues estimó que la participación del Conavi, encargado por ley de la materia, le restaría agilidad. A cambio del control, prometió acelerar la ejecución del proyecto y bajar de 38 a 19 meses el plazo de su etapa preoperativa.
Pero del dicho al hecho ha mediado mucho trecho. Como recién informamos (“Trámites de nueva vía a San Ramón tardarían tres años”), voceros autorizados del BCR indican que la etapa preoperativa tomará 1.126 días a partir de ahora, es decir, unos 37 meses, y la estimación debe ser tomada con un grano de sal, pues todavía no existe un cronograma de trabajo, no se sabe siquiera cuántas expropiaciones serán necesarias y no se cuenta con el diseño de la obra. Por tanto, no se sabe a cuánto ascenderían los peajes, aunque el ministro de Obras Públicas y Transportes estimó que el viaje San Ramón-San José-San Ramón podría superar los ¢4.000.
Para agregar a la cadena de desaciertos, la ingeniera Hadda Muñoz, exfuncionaria del MOPT actualmente contratada por el BCR para administrar el proyecto, manifestó que el Conavi no cuenta con recursos para financiar los gastos preoperativos, estimados en $35 millones. Después de haber regresado, en abril del 2013, al punto inicial, solo hemos conseguido retroceder.
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El papel de los líderes y grupos comunales, convencidos de la posibilidad de hacer chocolate sin cacao, como sería una carretera de primer mundo (por la que se calcula transitan más de 100.000 vehículos al día) pagando peajes de camino vecinal, debe ser examinado con detenimiento. Lo mismo vale para políticos, como el presidente Luis Guillermo Solís, que se sumaron a la revuelta y cuatro años después de ejercer la primera magistratura pasan el problema a la siguiente administración, sin avances y más bien con retroceso.
La conformación de un órgano especializado, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), despertó la esperanza de avanzar rápidamente en la reducción de nuestro enorme déficit de infraestructura, que tan alto costo impone al sector productivo y a la ciudadanía en términos de calidad de vida. Pero una mezcla de desidia, incapacidad de ejecución y demagogia nos mantiene en la parálisis de siempre.