La principal amenaza para la seguridad ciudadana no son los asaltos, robos y homicidios, incluidos los relacionados con el narcotráfico. La tasa de homicidios ya alcanzó niveles epidémicos, según los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud, pero el fenómeno palidece frente a las muertes causadas por accidentes de tránsito.
El año pasado hubo 586 homicidios. Al mismo tiempo, las muertes en accidentes viales superaron las 800. Las estadísticas recogen 445 fallecimientos en el lugar del percance o durante el traslado a un centro de atención médica, pero muchos mueren pasados pocos días o semanas, siempre a consecuencia del accidente. Sin embargo, el dato más utilizado es el de fallecidos en el sitio. Esa contabilidad oscurece la verdadera dimensión de la tragedia vial de nuestro país.
Los muertos debido a accidentes son casi el doble de las víctimas de homicidio. Si al total de homicidios se le restan los cometidos por razones inconexas con otro delito (defensa propia, disputas vecinales, etc.), las muertes atribuibles al hampa no resisten comparación con la masacre vial.
Si a la ecuación se le incorporan los heridos, muchos de ellos con secuelas de por vida, es todavía más fácil identificar el principal problema de seguridad ciudadana. Los heridos en accidentes de tránsito conforman una legión necesitada de costosa atención médica y, en muchos casos, largos periodos de rehabilitación.
Los tribunales logran establecer, por lo general, un culpable del accidente. Los demás involucrados son simple y llanamente víctimas, aunque con frecuencia el responsable también sale herido o fallece y, en muchos casos, no actúa con intención o temeridad. Pero las víctimas son tan inocentes como quien pierde la vida a manos de un hampón en una calle oscura.
El domingo, a la 1:29 a. m., dos jóvenes transitaban por la carretera que conduce hacia Cartago desde San José. En La Lima, dos vehículos competían en una carrera ilícita —un “pique”— y uno de ellos los golpeó a alta velocidad. Las víctimas inocentes se salieron de la carretera y chocaron contra un árbol. El pasajero murió al instante y el conductor fue trasladado al Hospital Max Peralta, herido de gravedad.
Uno de los causantes del accidente también chocó y dejó el auto abandonado para huir del lugar. En las cercanías, había unas 200 personas congregadas para beber y festejar las carreras supuestamente “clandestinas”. Nada tienen de secretas. Se llevan a cabo a vista y paciencia de todos, con público y anuncios en las redes sociales. La más reciente tragedia sucedió en La Lima, pero pudo ser en la calle principal de Pavas, donde han ocurrido hechos similares y volverán a suceder porque las autoridades se resisten a reconocer nuestro principal problema de seguridad ciudadana.
Los “piques” no son la única amenaza. El 53 % de los motociclistas admitió a encuestadores de la Universidad de Costa Rica no tener licencia tipo A. Los autos modificados o en estado precario transitan libremente por las calles. El alcohol y la velocidad temeraria son cosa de todos los días. El peligro nace de la falta de vigilancia y la consecuente impunidad.
El Consejo Nacional de Vialidad promete todos los años cámaras para vigilancia electrónica, pero nunca llegan. Los oficiales que atendieron el homicidio de La Lima expresaron la esperanza de esclarecer el hecho con ayuda de una cámara de seguridad privada instalada en las cercanías.
En buena hora la Fuerza Pública cuenta con unos 13.000 oficiales para combatir el hampa. El Ministerio de Seguridad querría tener más, pero la Dirección General de Tránsito atiende el territorio nacional, en tres turnos, con unos 750 oficiales, quienes no siempre están de servicio por razón de vacaciones, enfermedad y permisos. Dedican la mayor parte del tiempo a atender accidentes, incluidas las colisiones sin importancia, mientras la masacre sigue en las carreteras.