24 febrero

Las personas físicas suelen mantener activos, como pinturas, bibliotecas y jardines, por el mero deleite. Esto tiene sentido si el fin es maximizar la felicidad en el tiempo, pero ese no es, por lo general, el objetivo de las personas jurídicas, que mantienen activos para desarrollar su negocio o como inversión temporal. En el primer caso, los activos no deben permanecer ociosos ni infrautilizados. En el segundo, se trata de obtener una rentabilidad superior a lo pagado por las deudas. No tiene sentido, por ejemplo, mantener un depósito a plazo en un banco por ¢10 millones, con una rentabilidad del 6 % si, a la vez, hay deudas por el mismo monto que cuestan el 20 %. Esa situación consumiría poco a poco el patrimonio, constituido por la diferencia entre el valor de los activos y el de los pasivos.

Si esa sensibilidad conduce a mantener funcionarios redundantes, habría una contradicción con el propósito de optimizar la estructura de costos institucionales.

La lógica enunciada opera, o por lo menos debería operar, de igual manera en empresas y entidades públicas. Por eso, es muy satisfactorio el anuncio de Hazel Cepeda, gerenta del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), sobre la revisión de unas 3.000 propiedades de la institución para saber cuáles deben ser puestas en venta por estar ociosas.

Según los Lineamientos estratégicos para la estabilización y sostenibilidad financiera, el propósito es “identificar y vender aquellos activos o inventarios infrautilizados sobre la base de estudios técnicos que permitan generar liquidez para la atención de obligaciones y reducir los costos de depreciación”. Otras medidas, como el control estricto de gastos de viaje y el congelamiento de la compra de activos, también figuran entre los planes de racionalización.

Al mismo tiempo, el ICE informó de que solo venderá “activos no estratégicos" y la gerenta Cepeda insiste en la gran sensibilidad de la alta dirección ante el problema del empleo. Si esa sensibilidad conduce a mantener funcionarios redundantes, habría una contradicción con el propósito de optimizar la estructura de costos institucionales. Tampoco debería dejarse a un lado la posibilidad de concesionar obras existentes, como las plantas eléctricas, si contribuye al logro de los objetivos de la reforma estructural.

Hace tiempo, las autoridades del ICE, en un documento titulado Estrategia 4.0, habían ofrecido un adelanto de la noticia. Lo nuevo es que ya se tiene, cuando menos, parte del inventario de bienes que podrían ser puestos a la venta.

La semana pasada la calificadora Moody’s otorgó a la deuda del ICE una mejor calificación, contrario a lo sucedido a los títulos del Gobierno Central, que sufrieron una rebaja. El endeudamiento del ICE, como proporción de sus activos y de su flujo de efectivo, no es demasiado elevado y la institución está en capacidad de generar la liquidez requerida para el servicio de su deuda en los términos pactados. Pero la calificación de Moody’s podría mejorar aún más en el futuro, y los usuarios de los servicios del ICE obtendrían ventajas concretas en materia de tarifas, si la reforma estructural tocara todas las posibilidades de ahorro e incrementos de eficiencia.

El asunto es de vital importancia para la competitividad de la producción nacional y para moderar el costo de vida. La ineficiencia del ICE, allí donde se presenta, la pagamos todos sin excepción, así como los costos de mantener activos ociosos. Ante la noticia de junio del 2019, un editorial nuestro terminó con la promesa de que seguiríamos con interés el desarrollo de este importante tema, lo cual ahora reiteramos.