29 marzo

Costa Rica envejece con rapidez. En el 2050, habrá 1,3 millones de adultos mayores. Los avances médicos producen expectativas de vida comparables con las de países desarrollados y el control de la natalidad disminuye la cantidad de jóvenes. Entre el 2010 y el 2018, el número de ancianos pasó de 357.000 a 546.000, mientras la población de menos de 20 años disminuyó un 4 %.

El cambio plantea formidables retos para los sistemas de salud y pensiones. Los primeros deben ajustarse para atender, en mayor número y proporción, enfermedades propias de la vejez. Los segundos están obligados a cuadrar el círculo para garantizar ingresos dignos a grandes cantidades de pensionados, partiendo de una población activa cada vez menor.

No lo estamos logrando. La informalidad y el trabajo doméstico tienen a 119.477 pensionados adscritos al Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a otros 22.440 en espera de ese beneficio. La pensión de ¢78.000 no le alcanza a Roger Vega, de 68 años, para pagar los ¢90.000 de alquiler por un cuartito de latas en La Capri, informó este diario el domingo. Para redondear el alquiler y atender otras necesidades, en particular la alimentación, Vega vende paños en una intersección de Goicoechea. Como él, unos 80.000 mayores de 65 años recurren al empleo informal para subsistir.

Al mismo tiempo, las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) vienen perdiendo valor y la sostenibilidad del sistema, en general, ha sido objeto de intenso debate. La CCSS instaló una mesa de diálogo con representantes de los grupos interesados. Se reunieron durante meses y al final propusieron medidas tan limitadas que se sintieron obligados a admitir la necesidad de nuevos estudios a corto plazo.

Según el reconocido investigador Luis Rosero, las medidas propuestas por la mesa de diálogo “no son siquiera un parche”. Según su criterio, es indispensable elevar la edad de retiro a los 70 o 75 años. En la práctica, esa medida está vigente para buena parte de los beneficiarios del Régimen No Contributivo.

En el 2000, cuando los beneficios del IVM equivalían al 60 % del salario de referencia, la exposición de motivos de la Ley de Protección al Trabajador pronosticaba un deterioro acelerado de esa relación. Ya para el 2005, la CCSS aprobaba una rebaja en los beneficios para ubicarlos entre el 43 % y el 52,5 % del salario de referencia. El deterioro se ha hecho inevitable.

Si las pensiones del régimen más grande del país pierden valor y hay dudas sobre las posibilidades de mantener el sistema sin profundas reformas, se hace incomprensible el empeño de un sector de la Asamblea Legislativa por debilitar la única propuesta visionaria en muchas décadas: preocúpese por construir una parte de su pensión porque el Estado no podrá darle lo necesario para una vejez digna. En cambio, el Estado le concederá incentivos fiscales al ahorro. En síntesis, esa es la propuesta de la Ley de Protección al Trabajador, pero un proyecto de ley pretende transformar las pensiones complementarias en una especie de ahorro obligatorio que puede ser retirado totalmente al final de la vida laboral.

Los argumentos empleados para justificar el cambio podrían aplicarse a la eliminación definitiva del sistema. El Estado, dicen los impulsores de la reforma, vulnera la libertad de los trabajadores para administrar sus fondos según les parezca mejor. Entonces, tampoco deberían exigirles ahorrar a lo largo de toda su vida laboral para acumular un ahorro liquidable el día de la jubilación. El punto no es averiguar cuántos pensionados invertirían bien su dinero, sino impedir que quienes lo hagan mal intensifiquen un grave problema social del cual ya tenemos notorias manifestaciones.