Editorial: Vacunación obligatoria

La Ley General de Salud concede al Estado la potestad de declarar obligatoria la aplicación de una vacuna si existe, a juicio del Ministerio de Salud, fundamento científico para hacerlo. La pandemia de la covid-19 no deja lugar a dudas sobre la necesidad de la inoculación. Por el contrario, según avanza el conocimiento del virus y la enfermedad, queda clara la imposibilidad de dar por asegurada a una población si no se asegura a la humanidad entera.

El nuevo coronavirus aprovecha toda oportunidad de subsistencia y ya demostró su capacidad de adaptación para lograrlo. Nuevas cepas, detectadas en cuatro continentes, se muestran más agresivas. Para frenar su aparición es indispensable evitar los contagios, porque cada paso de una persona a otra es una oportunidad para la mutación.

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Si existen razones para preocuparnos por la vacunación en cada rincón del planeta, con mayor razón debemos atender nuestro territorio y ninguna persona puede constituir un riesgo para los demás, sobre todo si se trata de personal del sistema de salud, con altísimas posibilidades de contagio.

Aparte de las disposiciones legales, la exigencia concuerda con la ética médica. Alejandro Marín, médico y especialista en bioderecho, nos recordó en una información reciente de La Nación el punto de partida del juramento hipocrático, piedra angular de la deontología de su profesión: el primer deber es no hacer daño. Para médicos, enfermeras y personal de salud ese mandato se traduce en la obligación de vacunarse.

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El grupo de funcionarios de salud reacios a aplicarse la vacuna no solo se aparta del cumplimiento de la ley, sino también de sus obligaciones éticas. Todos estamos obligados a hacer cuanto sea posible por minimizar los contagios, desde el uso de mascarillas y respeto a los protocolos higiénicos hasta la vacunación. El personal médico tiene, además, la obligación de dar un buen ejemplo.

Coincidimos con el Dr. Marín en la importancia de indagar las razones esgrimidas por los funcionarios reacios a la vacunación. El médico pone en duda que se trate de una manifestación del movimiento antivacunas y señala la posibilidad de dudas razonables, susceptibles de ser despejadas con una explicación. Las autoridades de salud deben actuar con rapidez para constatarlo y despejar las inquietudes antes de imponer la vacunación, pero no debe quedar duda de la determinación de vacunar a todos, salvo los casos de alguna contraindicación.

La Organización Mundial de la Salud también se ha mostrado contraria a declarar la obligatoriedad de la vacuna y pide a los gobiernos reservar esa posibilidad para situaciones extremas. Ojalá en nuestro país no lleguemos a eso. Por fortuna, el rechazo a la vacuna es de una minoría muy reducida. Prácticamente toda la comunidad médica, incluidos los auxiliares de todo nivel, se han vacunado y más bien exigen, por razones muy valederas, la conclusión del programa en el sector. La covid-19 ha cobrado muchas víctimas entre el personal de salud, cuyo valor y heroísmo compromete la gratitud de todos.

Por fortuna, también, el mal ejemplo tendría un impacto limitado en una población acostumbrada a vacunarse y convencida de las ventajas de hacerlo. Si Costa Rica ha logrado erradicar terribles enfermedades todavía presentes en todo el mundo, se debe en buena parte a esa buena disposición de sus ciudadanos y a la constancia de los servicios de salud. El brote de sarampión importado hace dos años de Estados Unidos y Francia por familias reacias a la vacunación es una confirmación de nuestros aciertos y una extraordinaria ironía: el mundo desarrollado, sus prejuicios y fobias, contagian a un país de medios mucho más modestos, pero con más confianza en la ciencia.