EscucharEl presidente, Carlos Alvarado, se pronunció en favor de vacunar contra la covid-19 a los migrantes indocumentados para atender el compromiso nacional con los derechos humanos. Es una muy buena razón, pero hay otras cuyo sentido práctico mejoran la comprensión del anuncio.
Costa Rica no es el primer lugar donde se plantea la discusión. El estado de Florida debatió durante meses sobre la inoculación de 775.000 migrantes ilegales radicados en su territorio. Como sucede en nuestro país, llegan atraídos por oportunidades de empleo en el agro, sea en los campos de cultivo del extremo sur del estado o en las grandes plantaciones de cítricos en el centro. Allá, como aquí, son vitales para la producción y recolección de cosechas.
A la consideración de los derechos humanos se añade, entonces, una motivación económica para extenderles la vacunación. Esa razón, como es evidente, guarda un estrecho vínculo con los requerimientos de la salud pública. Si la presencia de los migrantes es necesaria y están aquí para quedarse o, cuando menos, permanecer un tiempo prolongado, es indispensable vacunarlos por razones epidemiológicas.
En Estados Unidos, la administración Biden lo entendió desde el inicio de su campaña de vacunación masiva. El departamento de migración más bien prometió mantener a sus agentes lejos de los sitios de inoculación para eliminar el temor de los indocumentados a una detención. Las autoridades también lanzaron una ofensiva publicitaria para informarles sobre la necesidad de vacunarse y la ausencia de requisitos. Son medidas realistas, pensadas para reducir el contagio.
Florida tardó un par de meses en alinearse con las políticas federales, pero lo hizo a finales de abril. A partir de ese momento, se eliminaron los requisitos documentales y basta con declarar, de viva voz, que la persona está en Florida con el propósito de proveer bienes y servicios. Todo migrante puede responder a esa pregunta sin temor a faltar a la verdad.
Sin la colaboración de los indocumentados, es difícil alcanzar la inmunidad de rebaño. Así, lo entendió la administración Biden desde el principio y lo comprende Florida desde finales de abril. Costa Rica también debe entenderlo. La comparación de un país pequeño, de modestos recursos, con la potencia norteamericana puede parecer arbitraria, pero, cuando el servicio de inmigración estadounidense emitió su comunicado, las vacunas todavía escaseaban y estados como Florida insistían en aplicarlas únicamente a sus residentes. Por supuesto, había expectativas fundadas del incremento en el suministro, pero, en este momento, Costa Rica puede tener la misma confianza.
La cooperación internacional, de la cual ya hemos sido beneficiarios, seguirá aumentando. Las naciones industrializadas no han tardado en comprender que la pandemia no terminará con la inoculación de sus ciudadanos. Tampoco con la de los migrantes y ni siquiera con la de los indocumentados residentes en sus territorios. El virus seguirá acechando y mutando mientras la inmunización no alcance porcentajes elevados en el planeta. En el ámbito mundial operan las mismas razones sanitarias para impulsar la vacunación universal.
Según el presidente Alvarado hay una «solución en camino», consistente en otra donación de vacunas, de la cual no quiso dar detalles, pero, al parecer, está siendo tramitada específicamente para fortalecer la vacunación de indocumentados. Las gestiones están a cargo de la Cancillería y el Ministerio de Salud.
«En estos momentos, especial énfasis adquiere garantizar de manera oportuna y apropiada los derechos a la vida y a la salud de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado sin discriminación alguna, incluidos los adultos mayores, las personas migrantes, refugiadas y apátridas, y los miembros de las comunidades indígenas», afirmó la Corte Interamericana de Derechos Humanos al inicio de la pandemia. Acudir a su llamado es, también, buena política económica y sanitaria.
