1 julio

En la década de los setenta, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) sorprendió al mundo con una serie de inusuales y violentos aumentos en el precio del petróleo y sus derivados.

Hubo un enorme traslado de recursos de los países consumidores hacia los productores, quienes aumentaron sus depósitos en bancos de Occidente.

Los términos internacionales de intercambio —precios de los bienes exportados con respecto a los importados— se deterioraron para muchos países, Costa Rica incluida, porque el precio internacional del café bajó.

En varias naciones, los gobiernos optaron por financiar el desequilibrio, pues en el mercado internacional había liquidez de sobra y era relativamente fácil obtener préstamos sindicados de la banca comercial, en vez de ajustar la macroeconomía mediante —por ejemplo— variaciones en el tipo de cambio.

Sobrevino la denominada “década perdida”, que comenzó simbólicamente cuando México anunció, en 1982, su incapacidad de hacer frente a los pagos de deuda en la forma convenida con sus acreedores.

Actualmente, la pandemia de la covid-19 asesta un durísimo golpe a las economías del mundo y muchas parecen favorecer, como ocurrió a finales de la década de los setenta, el endeudamiento sobre el ajuste.

Hace pocos días, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le aprobó a Costa Rica un crédito de $250 millones, ligado a un financiamiento de asistencia rápida por $508 millones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) concedió dos meses atrás. Los préstamos se utilizarán para mantener una política contracíclica —gastar en períodos de vacas flacas y ahorrar en los de vacas gordas— en vista de la pandemia.

Este tipo de políticas es recomendable para frenar la caída de la economía, pero deben ser utilizadas con prudencia.

Los préstamos descritos tienen condiciones especiales. El del BID, por ejemplo, se desembolsa en un solo monto, tiene un periodo de gracia de tres años y siete años de plazo para la amortización.

A partir del 2023, cuando una nueva administración tenga a su cargo la conducción de los asuntos nacionales, esta deberá hacer frente al pago.

La tentación de “patear el tarro hacia adelante” es evidente cuando se plantea la posibilidad de financiar en vez de ajustar la economía ante un shock externo como el actual.

Por eso, cada nuevo endeudamiento debe ser analizado con consciencia del compromiso que representa para el bienestar de futuras generaciones, y su justificación no puede servir de cómodo sustituto de un ajuste del presupuesto de gastos.

En las proyecciones macroeconómicas presentadas por el país al Fondo Monetario Internacional cuando se tramitó el préstamo, se reflejó un acelerado crecimiento de la deuda del gobierno como proporción del tamaño de la economía (PIB) en los próximos años, un aumento en la carga tributaria y un supuesto crecimiento sostenido de la economía dentro de uno o dos años y en adelante, mas no un ajuste significativo en el gasto público, como es necesario.

Aun así, para llevar el nivel de endeudamiento del Gobierno Central al 50 % del PIB, estimado como sostenible en el caso de Costa Rica para evitar que la carga de intereses se torne insoportable, sería necesario esperar, según la proyección, hasta el año 2034.

La moraleja de política pública que se puede y debe extraer de lo sucedido en los años setenta es el peligro de incurrir en mayor endeudamiento si primero no se pone la casa en orden, se replantean las prioridades de gasto y se adoptan las medidas necesarias para reducirlo en lo procedente.

El endeudamiento debilita el presupuesto nacional si en paralelo no se adoptan medidas correctivas del gasto. No repitamos la historia de la década de los setenta.