19 marzo

Gran cantidad de entes públicos no han gastado todos los recursos asignados al final del ejercicio presupuestario. Los superávits, o fondos temporalmente ociosos, son invertidos en bonos del Ministerio de Hacienda, lo cual produce intereses, o se mantienen en cuentas corrientes en los bancos estatales, donde son utilizados en rentables operaciones financieras.

No es correcto afirmar que el endeudamiento disminuyó solo porque los entes públicos cedieron sus bonos al Ministerio de Hacienda.

Para el Ministerio de Hacienda, no tiene sentido pagar intereses sobre esos bonos, pues los tenedores son entidades del propio Estado y, lógicamente, lo conveniente es la devolución de los títulos y girar los recursos únicamente cuando las instituciones efectivamente vayan a utilizarlos.

Hacienda se decanta por que los fondos de las entidades involucradas sean trasladados a una caja única, cuenta administrada por el ministerio, pues eso derivará en ahorros en el pago de intereses y, también, en la baja del endeudamiento del Gobierno Central.

Al respecto, son necesarias algunas consideraciones conceptuales y prácticas. Al calcular el balance fiscal (déficit o superávit), debe hacerse para el sector público consolidado, constituido por el Gobierno Central más las entidades públicas no financieras, pues estas últimas tienen efectos macroeconómicos que deben controlarse.

Si se considerara el balance consolidado, los intereses pagados por el Ministerio de Hacienda a otros entes públicos se contabilizan como un gasto para el primero y como un ingreso para los segundos. En otras palabras, el efecto macroeconómico queda anulado. Para el cálculo del endeudamiento del sector público como un todo, las deudas de unos se compensan con las acreencias de los otros.

Por el contrario, cuando se toma como base solamente la situación del Gobierno Central, tiene sentido eliminar el pago de intereses a entidades públicas tenedoras de bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda. Si los compromisos son inevitables, entonces, deberían contabilizarse para el cálculo del endeudamiento del gobierno, utilizado con la finalidad de cumplir la regla fiscal. No es correcto afirmar que el endeudamiento disminuyó solo porque los entes públicos cedieron sus bonos al Ministerio de Hacienda.

Para conseguir una reducción del endeudamiento del Gobierno Central, los recursos presupuestarios no utilizados por una institución en un ejercicio determinado deben eliminarse de su plan de gastos. Si por otra razón no fuera posible, por ejemplo, porque una ley lo impide, entonces, el gasto y el endeudamiento que representan los superávits deben considerarse como tales.

El uso de la caja única es útil, en cualquier caso, pues es mejor tener en una sola cuenta los recursos para girarlos de tiempo en tiempo, sin dispersarlos en muchas, pues más fondos permanecerán ociosos innecesariamente. La idea de la caja única no es nueva, se sabe desde hace casi dos décadas y hasta fue incluida en reformas financiadas con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Si no se ha hecho mucho al respecto, ha sido por desidia de la Administración Pública.

La ingeniería financiera no sustituye una eficaz administración de las finanzas públicas. El endeudamiento del Gobierno Central, que cuenta para la aplicación de la regla fiscal, debe incluir todas las deudas, no solo las respaldadas por bonos o, como se conoce, la deuda bonificada. Si el deseo es rebajar las obligaciones crediticias del sector público, debe evitarse incurrir en déficits elevados. No hay otra salida.