EscucharLa fiscalización de las operaciones portuarias en Caldera es objeto de sendas investigaciones en el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. La progresión de los procesos impide conocer detalles, pero la contralora Marta Acosta y su despacho han formulado advertencias suficientes sobre la situación del puerto, una infraestructura de la máxima relevancia estratégica.
Ante los diputados de la Comisión Especial de la Provincia de Puntarenas, la Contralora urgió al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) a hacer lo necesario para asegurar la continuidad de los servicios portuarios cuando venzan los contratos de concesión en el 2026. Ese año, dijo, está a la vuelta de la esquina y es necesario hacer estudios de pre inversión y una licitación. “Eso requiere de mucho tiempo”, afirmó.
Las manifestaciones de Acosta van a contrapelo de la idea de una contratación directa con el concesionario actual, la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC), para unificar en un solo contrato los servicios ofrecidos en el puerto. El Incop ha explorado esa posibilidad, pero la comparecencia de la Contralora ante los diputados no es la primera advertencia de obstáculos en su camino. Ya el ente contralor había señalado la obligación de sustentar técnica y jurídicamente el procedimiento de selección del concesionario o contratista, por lo general ejecutado mediante una licitación pública.
La previsión exigida por la Contraloría, no obstante, es apenas una de las preocupaciones suscitadas por el puerto. Hay un significativo deterioro de los servicios debido al rezago de la infraestructura, obligada a atender entre un 150% y un 200% de contenedores de más en relación con lo proyectado en el 2003. El exceso de tráfico causa el colapso de los servicios y encarece las operaciones. Según la Contraloría, el presupuesto anual de la terminal multipropósito debería ser de $1.462.910 y no $565.500 al año fijados desde el inicio de la concesión.
La productividad acordada con la concesionaria no se cumple ni en la terminal multipropósito ni en la granelera, donde el 21% de los buques (25 de 118) no fueron atendidos de conformidad con los parámetros establecidos. El bajo rendimiento eleva los costos para los usuarios y reduce los ingresos de la operación portuaria.
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Los contratos de concesión de la operación de los puertos de Caldera vencen en el 2026. Foto: Cortesía de Incop
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Urge adaptar el puerto a las nuevas condiciones del comercio internacional para mejorar la competitividad de los exportadores y reducir los costos de los importadores. No bastan las medidas paliativas. Los muelles existentes no pueden manejar barcos de suficiente tamaño para atender las necesidades actuales, los patios de estacionamiento no dan abasto y hasta se hizo notar la carencia de un laboratorio de análisis fitosanitario.
Desde hace años existe un plan maestro de modernización para la terminal por donde pasan $2,1 millones diarios de productos destinados al exterior, equivalentes al 12,8 % de las exportaciones nacionales. Las filas de hasta 400 contenedores y los tiempos de espera de 28 horas son inadmisibles en un puerto de tanta importancia.
La investigación del Ministerio Público se inició después de publicado un informe de la Contraloría sobre la supervisión y el control del Incop. Es importante esclarecer esos aspectos, pero lo más urgente es definir de una vez por todas el curso a seguir y comenzar a andar el camino. Como bien dijo la Contralora, el 2026 está a la vuelta de la esquina y el país debe cuidarse de enfrentar una situación similar a la de la revisión técnica vehicular, con decisiones tomadas en el límite de la cesación de servicios indispensables. Apenas hay tiempo para evitarlo.
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