EscucharCon el fin de reducir el impacto de las reformas requeridas para evitar daños mayores al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, la gerencia del área parece dispuesta a arriesgar un golpe de ¢93.345 millones en las reservas del sistema, según cálculos de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
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La reforma, dice el órgano supervisor, debe aplicarse en cuanto sea posible, es decir, pasado el mínimo de 18 meses fijado por la ley. La Caja, en cambio, considera la posibilidad de postergar los cambios hasta el 2025. Los ¢93.345 millones corresponden al pago adicional de beneficios durante el período de la prórroga innecesaria.
Los 18 meses de plazo para efectuar cambios en los regímenes de pensiones encuentran asidero en convenios firmados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No es un plazo arbitrario, y si el IVM se apega a él, sus reservas solo se verían afectadas en ¢198.259 millones, en lugar de los ¢291.000 millones necesarios para mantener el statu quo hasta el 2025.
«La jurisprudencia de la Sala IV ha indicado el período de 18 meses como un mínimo para respetar las expectativas de derecho. La CCSS iría más allá de lo requerido por las normas nacionales e internacionales, en momentos en que la solvencia del fondo es crítica, precisamente por la posposición de decisiones», afirmó la superintendenta Rocío Aguilar en declaraciones brindadas a La Nación.
Las reformas, desafortunadamente, afectarán a un gran número de personas, sea en 18 meses o en 4 años. Ese es el precio del manejo irresponsable del sistema de jubilación. A estas alturas, es necesario limitar el impacto sobre todas las pensiones futuras, es decir, sobre el régimen en general.
Posponer los ajustes requeridos es aminorar el impacto sobre las pensiones de los próximos cuatro años a costa de las que serán otorgadas a partir de entonces. En materia de jubilaciones, el hábito de postergar está bien enraizado. La Caja lo practica desde hace muchos años y los resultados están a la vista.
Nunca debió existir la jubilación anticipada y, en cualquier caso, cuando se hizo evidente su impacto negativo, debió ser eliminada. Lo sabemos desde hace años, pero la postergación permite heredar el problema a la siguiente administración con bajo costo para el funcionario del momento. Es la práctica (o la mala praxis) política de hipotecar el futuro.
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En su momento, el ejercicio de postergación de las soluciones se fundó en el rechazo de estudios actuariales, el manejo confidencial de datos a cuya luz se hacían necesarias reformas inmediatas y hasta el «maquillaje» de cifras, según denunció el entonces superintendente Edgar Robles durante su memorable comparecencia en la Asamblea Legislativa, el 20 de enero del 2011, hace más de una década. Esos diez años son el mejor testimonio de la habilidad para postergar.
Ahora, la Caja no crea duda sobre la necesidad de la reforma y solo alega, a favor de la posposición, el resguardo de los beneficios de un limitado número de pensionados. Es un argumento débil porque, aun a esos jubilados, les conviene más ser beneficiarios de un régimen sólido y duradero.
En el futuro, advierte la Superintendencia, como tantas veces lo ha hecho, los ajustes serán más dolorosos. «Cada mes que se pospone esta decisión cuesta más de ¢22.000 millones al régimen», afirma Aguilar. Las pérdidas corren. Lo mismo debería hacer la Junta Directiva de la Caja para beneficio de los trabajadores pensionados, los beneficiarios de los próximos 18 meses y los que vendrán después.
