16 agosto

La imprevisión que llevó al Ministerio de Hacienda a pagar, a la carrera y sin aprobación legislativa, bonos de deuda pública a corto y largo plazo, tuvo serias consecuencias. No haberlos pagado al vencimiento habría sido peor, según el criterio de muchos analistas. La situación se explica más por un error de programación de la Tesorería Nacional que por el tamaño del déficit fiscal y por la falta de acuerdo legislativo para reducirlo.

El mercado financiero reaccionó con exigencias de mayor rendimiento por invertir en títulos del Gobierno, es decir, una mayor tasa de interés. Además, favorece las inversiones a corto plazo sobre las de plazos mayores. Incluso algunos actores públicos de gran peso en el mercado financiero doméstico se muestran dubitativos sobre la conveniencia de invertir en títulos a largo plazo emitidos por el Gobierno de la República. “Los principales compradores de bonos de deuda del Estado costarricense declinaron comprar títulos de largo plazo porque perdieron confianza en la capacidad de pago del Gobierno. Se trata de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de los bancos de Costa Rica (BCR), Nacional (BN) y Popular (BP)”, informó recientemente la tesorera nacional, Marta Cubillo, a los diputados (“CCSS y bancos públicos perdieron confianza en bonos de largo plazo del Gobierno”.)

Los títulos del Ministerio de Hacienda, emitidos para financiar una deuda pública que no da señales de bajar en el futuro cercano y más bien tiende a elevarse, deben tener por meta ser a largo plazo

En Costa Rica, como en otros países, las inversiones en títulos del Gobierno se consideran seguras para casi todos los efectos. En el cálculo de la suficiencia patrimonial de los bancos, por ejemplo, las inversiones en títulos son consideradas de cero riesgo. Si esa concesión regulatoria fuera objeto de revisión y los títulos recibieran alguna ponderación por riesgo, aunque solo fuera el 25 % de su valor, muchos entes financieros quedarían descapitalizados y se verían obligados a reforzar su patrimonio o, más probablemente, a reducir sus carteras de préstamos para mantenerse dentro de los requerimientos legales de suficiencia patrimonial. Una reducción de las carteras de crédito tendría efectos adversos en la operación de muchas empresas y en la economía del país como un todo. Por ende, se trata de un escenario cuya materialización se debe evitar a toda costa.

Si las propias entidades públicas dudan de la capacidad de pago del gobierno a mediano y largo plazo, ¿qué se puede esperar de inversionistas privados nacionales? ¿Qué de los extranjeros? El “riesgo del país” parece haber aumentado de manera sensible y eso afecta a todo el mercado financiero.

En consecuencia, urge dar trámite eficaz a la reforma fiscal, tanto en la vertiente de los ingresos como en la de los gastos, y el Ministerio de Hacienda debe revisar diligentemente sus procedimientos de administración de la deuda pública y, de ser necesario, modificarlos para evitar que situaciones como las actuales se repitan.

Los títulos del Ministerio de Hacienda, emitidos para financiar una deuda pública que no da señales de bajar en el futuro cercano y más bien tiende a elevarse, deben tener por meta ser a largo plazo. Por el contrario, los emitidos por el Banco Central, para efectos de la política monetaria, han de tener plazos cortos. Por lo elevado de los montos involucrados, la coordinación entre una y otra dependencia es clave. Sin embargo, al parecer, fue muy escasa en el pasado reciente. El Central debió haber llamado la atención sobre la altísima concentración de títulos de Hacienda con vencimiento a corto plazo.

En suma, es necesario bajar el déficit fiscal a un nivel manejable, idealmente a un monto que permita estabilizar el endeudamiento del Gobierno Central. Pero también es indispensable administrar con más celo la deuda de los dos principales actores públicos del país: el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Es urgente que los inversionistas recuperen la confianza en los títulos emitidos por el sector público costarricense.