Hace 3 días

En el contenido de la reforma fiscal, unos centran su atención en el aumento de la carga impositiva y otros abogan por recortar gastos a rajatabla. Como el tamaño del ajuste asciende a más de un 4 % del valor de la producción anual del país (PIB), equivalente a casi una cuarta parte del ingreso tributario y a una quinta parte del gasto del Gobierno Central, y debe ser sostenible en el tiempo, lo adecuado es una mezcla de los dos tipos de medidas. El control de las erogaciones debería aportar, en un año típico, al menos la mitad del ajuste total.

Costa Rica mantiene un enorme sector público. Según el Ministerio de Planificación y Política Económica, sobrepasa las 330 entidades y dependencias. Por ahí debe comenzar la corrección. La sugerencia de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, de reducir el número de entidades públicas, que podría estudiarse en conjunto con el plan CERRAR del exdiputado Ottón Solís, va en la dirección correcta. Sin embargo, acciones de esa magnitud requieren de tiempo y se exponen a la férrea oposición de los sindicatos del sector público, cuyos miembros en muchos casos son claros beneficiarios de los programas que administran.

En particular, es necesaria una eficaz ley de empleo público, que regule de una vez por todas las inequidades e ineficiencias en esta materia

Casi a diario recibimos noticias preocupantes de la esfera pública, desde la corrupción hasta la ineptitud. Abundan los desaciertos con costos elevados por cubrir con impuestos o precios más altos. Algunas noticias tienen que ver con salarios exorbitantes en bancos públicos (incluido el Banco Central), remuneraciones altas y pensiones de lujo al amparo de los regímenes del Poder Judicial, Hacienda y el Magisterio Nacional. Otras se refieren a las generosas convenciones colectivas en prácticamente todos los entes descentralizados.

Sin que el ciudadano promedio se entere, sindicatos y jerarcas de entes públicos negocian y acuerdan costosos paquetes de beneficios y luego los hacen pasar por “derechos adquiridos” cuando los pagadores de impuestos se enteran de las erogaciones. La creatividad es notable. A los salarios base se les agregan conceptos como anualidades, dedicación exclusiva, prohibición, disponibilidad, escalafón, grado profesional, incremento por costo de vida, peligrosidad y otros. A los días de vacaciones del Código de Trabajo se agregan más, según la antigüedad del servidor. Al límite de las prestaciones se le hacen agregados similares. Y cuando el sindicato de una institución logra un paquete de incentivos (por ejemplo, pago semanal en vez de mensual, lo cual equivale a recibir un mes más al año) el resto alega “equidad” y exige el mismo trato de su patrono.

Pero la creatividad va más allá. En la Universidad de Costa Rica, donde los incentivos sobrepasan los pagos por salario base, una anualidad del 5,5 % se redujo al 3,75 %, pero solo con ayuda de un truco: mientras la primera se aplicaba al salario base, la segunda se aplica al salario total. Así quedó en la convención colectiva vigente desde el 6 de junio. Al ser el salario total tan alto por los pluses, el cambio al 3,75 % tiene un costo mayor que la vieja anualidad de un 5,5 %. (“Historia del ‘error’ que arriesgó las finanzas de la UCR”, La Nación, 10/7/2018). Sobra mencionar que los mayores salarios de hoy se traducen en mayores pensiones con cargo al presupuesto en el futuro.

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Superávit de descaro

Controlar la cantidad de acciones que, cotidianamente, en el silencio de las paredes, adoptan las 330 entidades y dependencias públicas es prácticamente imposible para las autoridades de Hacienda. Mucho menos pueden hacer los contribuyentes. Por eso el ajuste fiscal que nos ocupa debe quedar grabado en piedra, mediante leyes donde se detalle cómo se procederá para mantener el gasto bajo control.

En particular, es necesaria una eficaz ley de empleo público, que regule de una vez por todas las inequidades e ineficiencias en esta materia. También vale la pena adoptar una regla fiscal que ponga un límite superior al déficit y obligue al Ministerio de Hacienda a presentar a la Asamblea Legislativa presupuestos equilibrados. Esa regla debe tener “diente” para permitir al Congreso el recorte y congelamiento de partidas presupuestarias cuando sea necesario para evitar el crecimiento exagerado del gasto público.