Apenas terminó la votación electrónica para definir las imputaciones contra el presidente Donald Trump, la prensa estadounidense publicó, con todo detalle, la decisión de cada miembro de la Cámara de Representantes. El voto de los congresistas es público, no obstante la monumental decisión. Por 230 votos contra 197, los representantes decidieron imputar al hombre más poderoso del mundo dos cargos sobre los cuales podría basarse su destitución.
Las consecuencias políticas y económicas de la decisión, así como sus repercusiones internacionales, son obvias para toda persona medianamente informada y, con más razón, para los congresistas. Por eso, la transparencia del acto contrasta aún más con la posición de nuestra Asamblea Legislativa sobre el voto secreto para elegir magistrados. La reciente decisión de la Cámara de Representantes no guarda proporción alguna con la elección de un magistrado —en Estados Unidos o en Costa Rica—, pero se hizo de cara a los ciudadanos, no obstante su trascendencia mundial.
La votación significa que los congresistas consideran al presidente de Estados Unidos culpable, al menos con un alto grado de probabilidad, de haber abusado de su cargo. Se trata de una causal de destitución. En Costa Rica, esa posibilidad, mucho más grave que la elección de un magistrado, ni siquiera existe.
En Estados Unidos, la crispación política y la inclinación a la violencia crean el riesgo de sangrientas represalias. El 14 de junio del 2017 un extremista de izquierda desató una balacera contra los participantes en una práctica del equipo de béisbol del Congreso. El jefe de la mayoría en la Cámara de Representantes de aquel momento, Steve Scalise, cayó gravemente herido junto a otras tres personas. Según la investigación, el atentado se debió a la ira del asesino contra los legisladores republicanos.
En el 2011, la representante Gabrielle Giffords sufrió un balazo en la cabeza cuando conversaba con votantes en un supermercado. El asesino hirió a otras 24 personas y mató a 6 de ellas. La lista de tragedias es larga, pero no impide la votación pública en asuntos tan delicados como el impeachment. El representante Scalise salvó la vida y estuvo entre quienes votaron públicamente a favor de Trump el miércoles pasado. En Costa Rica, por inmensa fortuna, la historia es mucho más pacífica y está lejos de exigir el secreto.
Los congresistas estadounidenses también enfrentan riesgos políticos. Los medios de comunicación presentaron los votos según afiliación partidaria, pero también señalaron la inclinación electoral del distrito representado por cada congresista. La mayoría de los demócratas a favor del impeachment procede de distritos ganados por Donald Trump en el 2016, es decir, el voto del miércoles los hace vulnerables si intentan reelegirse en el 2020. Lo mismo puede decirse de los representantes republicanos de distritos más liberales. En Costa Rica, no hay carrera parlamentaria ni reelección consecutiva. La suerte política de un diputado difícilmente se vería afectada por su voto para elegir magistrado y, en cualquier caso, un fuerte componente de la democracia es justificar las actuaciones, no esconderlas.
Entre las razones esgrimidas para defender el voto secreto en la elección de magistrados está la posibilidad de represalias judiciales contra sus opositores. Es un temor apenas atendible, pero palidece ante las oportunidades de retribución al alcance del hombre más poderoso del mundo, quien, además, postula a los jueces superiores de su país.
En suma, la lección de transparencia del Congreso estadounidense, en condiciones mucho más riesgosas y trascendentales, debería llamar a reflexión sobre el valor del gobierno abierto y la superficialidad de los argumentos esgrimidos en Costa Rica para preservar las sombras.