Los comedores escolares pagan precios significativamente más altos al Consejo Nacional de Producción (CNP) por alimentos disponibles en supermercados vecinos. La comparación no es válida, dicen los administradores de la institución, porque el sistema utilizado por el CNP es “especial”.
La especialidad consiste en la fijación de precios mediante estudios de mercado hechos “con alguna regularidad”, es decir, una de las justificaciones de los precios es el cálculo hecho de vez en cuando por la propia institución. El precio de las carnes rojas, el pescado y el pollo, por ejemplo, responde a un estudio de mercado efectuado en el 2015 por el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), perteneciente al CNP.
Así lo señaló, con alarma, la Contraloría General de la República en un estudio reciente en el cual confirmó los elevados precios de la mayor parte de los productos consumidos por los niños beneficiados con el programa de comedores escolares. La Nación ha informado del fenómeno en otras oportunidades, como en junio del 2017, cuando comparó los precios del CNP con los del comercio.
La “especialidad” invocada para justificar las diferencias también se relaciona con la entrega de la compra en las escuelas, mientras los establecimientos comerciales esperan la visita del consumidor. Además, el CNP dice tener derecho a un “margen operativo”, como si otros abastecedores renunciaran a la ganancia y fueran incapaces de entregar a domicilio, sobre todo, las grandes cantidades de alimentos consumidos por 148.000 niños en 1.116 escuelas, no importa cuán remota pueda ser la ubicación de algunas de ellas.
Precisamente para dar cuenta de diferencias regionales, la Contraloría estudió los precios pagados por los comedores escolares en diversas zonas del país y los comparó con el comercio vecino. Las diferencias existen, con mayor o menor margen, en regiones tan distintas como Huetar Norte y Occidente, el Pacífico central y el centro del país.
Falta saber el costo de la entrega a domicilio, si fuera necesaria, pero es fundamental considerar que el CNP tiene otros negocios en los cuales la eficiencia no se refleja en costos menores, como la Fábrica Nacional de Licores. En cambio, un gran porcentaje de usuarios expresan descontento con el servicio de entrega alegado por el CNP para acreditar su condición “especial”.
Según el 21 % de los directores de escuela, la frecuencia del suministro causa periodos de desabastecimiento, daños a productos perecederos y costos adicionales por almacenamiento. El 47,6 % manifestó haberse quejado por incumplimiento del tiempo de entrega, mala calidad y cantidad errónea.
Sin embargo, la verdadera característica “especial” del CNP no fue alegada. El artículo 9 de su ley orgánica obliga a las entidades públicas a comprarle los suministros genéricos con los cuales trabaja. No hay competencia en el abastecimiento ni tampoco más remedio. Escuelas, cárceles y otras instituciones deben pagar los precios “especiales” de la institución. A pesar de ese enorme mercado cautivo, y de su monopolio de alcoholes, el CNP tiene pérdidas año tras año y recibe transferencias del gobierno.
El presupuesto anual ronda los ¢71.500 millones y unos 420 empleados disfrutan los beneficios usuales en las instituciones autónomas. En efecto, la entidad es “especial” y no puede ser comparada con proveedores privados de los mismos bienes y servicios, para infortunio de los comedores escolares, verdadera fuente, entre otras, de los recursos en forma de privilegios y subsidios.