4 diciembre, 2019

La Sala Constitucional rechazó el recurso de habeas corpus presentado por siete detenidos durante los disturbios del 21 de noviembre frente a la Universidad de Costa Rica. No es que estuvieran presos. Fueron puestos en libertad a las pocas horas, con las medidas cautelares del caso. No pueden abandonar el país ni acercarse o amedrentar a los testigos y deben presentarse a firmar cada 15 días.

Son limitaciones razonables para quienes están acusados de obstrucción de la vía pública, resistencia e incendio o explosión agravados. Son especialmente razonables con vista en la prueba fílmica, fotográfica y testimonial existente. “La Sala —dice la sentencia— tuvo por demostrado que algunos oficiales fueron agredidos con llantas y palos, e incluso con golpes en la cara; además, varios oficiales fueron agredidos y rociados con combustible, aparentemente gasolina, lo cual puede comprobarse de manera clara y evidente en la prueba audiovisual aportada por los accionados”.

Ahora, corresponde al Ministerio Público impulsar el proceso con la diligencia requerida por una causa de gran importancia, pese a las consecuencias relativamente menores de la violenta protesta. Por fortuna, el combustible rociado sobre los policías no causó lesiones, la resistencia fue vencida y la circulación por la vía cerrada se restauró, pero la impunidad invita a participar en actos similares. Si las autoridades hubiesen actuado con decisión hace años, quizá los incidentes frente a la universidad se habrían evitado.

En algún momento, el cierre de calles y puentes se convirtió en medio cuasi lícito de presión y la Policía, en pasiva víctima de abusos. Durante la huelga de fines del 2018, ni las ambulancias pudieron circular con libertad, para no hablar del irrespeto al derecho de todas las demás personas, nacionales y extranjeras.

La Sala Constitucional ya había desarrollado una línea jurisprudencial sobre los límites del derecho a manifestarse, pero las autoridades temían actuar. Finalmente, se vieron obligadas a hacerlo. La demora les valió una condena. Más que una censura, fue un recordatorio de los límites que están obligadas a imponer.

La sentencia, todavía reciente, seguramente gravitó sobre la decisión de levantar el cierre de la calle frente a la Universidad. La acción no fue expedita. La Policía esperó largas horas antes de intervenir y, cuando lo hizo, encontró grave resistencia, también producto de impunidades pasadas.

En el curso de la huelga del 2018, las cámaras captaron escenas indignantes de provocación, con insultos gritados cerca de la cara de los oficiales, que soportaron con estoicismo hasta los escupitajos. Tanto como la libertad de tránsito, urge restablecer el respeto a la autoridad practicado en las sociedades democráticas. Para hacerlo, la Policía debe tener los límites de su actuación tan claros como las circunstancias donde su deber es reaccionar, siempre en forma proporcional y con estricto apego a la ley.

Los procesos abiertos contra los detenidos frente a la universidad podrían contribuir a despejar dudas y reafirmar la autoridad bien ejercida, así como el deber de respetarla. Es importante dejar bien informadas a las autoridades y a los manifestantes porque ambos han interiorizado la nociva cultura del abuso sin consecuencias.

Esa es la importancia del trabajo encomendado al Ministerio Público y esa es, también, la importancia del rechazo del recurso de habeas corpus y la reciente condena dictada contra las autoridades por no levantar a tiempo los bloqueos en las rutas hacia Limón y Pérez Zeledón. Se trata de liberar al país de su periódico papel de rehén de protestas violentas y a veces caprichosas, como la de los transportistas súbitamente preocupados por la política educativa que nunca antes figuró en su agenda y difícilmente lo vuelva a hacer.