Un grupo de empleados públicos cerró el paso al tren. Cuando los pasajeros descendieron para hacer un trasbordo, los manifestantes movieron el bloqueo a otro tramo de la vía. La intención manifiesta fue impedir el desplazamiento de los pasajeros hacia su destino. Es una medida dirigida específicamente contra las personas; una auténtica agresión.
A esa hora, la mayoría de pasajeros se dirige al trabajo o a los centros de estudio, pero otros, con fines menos urgentes, tienen derecho a desplazarse hasta donde les venga en gana. Impedírselos es un acto de violencia inadmisible. Lo mismo puede decirse del deliberado cierre de calles y carreteras.
Paradójicamente, el cierre de vías es, también, una confesión de debilidad de los huelguistas. Los manifestantes pagan el precio del repudio de los afectados y de quienes observan la arbitrariedad en los medios de comunicación, pero no pueden renunciar a la generación de un impacto mayor al de su número. Una calle se cierra con unos cuantos manifestantes. No hacen falta muchos para obstruir la vía del tren. Lograr apoyo duradero para una huelga injusta, convocada en defensa de privilegios peligrosos para la estabilidad económica del país, es mucho más difícil.
Los agredidos, estudiantes y trabajadores de empresas privadas y otras instituciones del Estado, no gozan de las prestaciones sin límite disfrutadas en los últimos años por los empleados de la Municipalidad de San José pero, de una u otra forma, se ven obligados a pagar semejantes beneficios y, además, se convierten en rehenes cuando los sindicalistas llaman a defenderlos.
El Estado, no solo el Poder Ejecutivo, deben poner fin a esas agresiones. Obstruir las vías es un delito. Por eso a la acción decidida de la Fuerza Pública debería sumarse una respuesta enérgica de los tribunales. La Policía y la administración de justicia existen, precisamente, para resolver conflictos que de otra manera pueden dar lugar a peligrosos enfrentamientos entre particulares. El enojo y frustración de las víctimas es un llamado urgente a la intervención de las autoridades.
La Sala Constitucional resolvió el caso hace varios años. La incidental interrupción del tránsito para ejercer el derecho a manifestarse es legítima, como sucede cuando una marcha pasa por una bocacalle o cuando se prevén fáciles rutas alternas para quienes ejercen su libertad de tránsito, pero la protesta no puede consistir propiamente en el cierre de vías.
El cierre de vías, como venimos insistiendo desde hace años, es una medida de fuerza ejecutada para infligir a los demás un sufrimiento que obligue a la Administración Pública a hacer concesiones. Los agredidos son rehenes cuyos derechos están en suspenso mientras el gobierno paga el rescate. Es preciso desterrar ese odioso método de protesta.
La negativa a atender pacientes en los hospitales y otras medidas de presión ejercidas ayer son igualmente odiosas, pero el valor ilustrativo del cierre de la vía férrea y los bloqueos móviles no tiene comparación. El claro propósito de afectar a los pasajeros, convirtiéndolos en rehenes de las exigencias de los manifestantes, no puede ser más obvio.
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Es hora de poner freno a los odiosos privilegios concedidos a los largo de los años a los sectores privilegiados de la función pública, casi siempre anidados en instituciones dotadas de autonomía y no en el Gobierno Central. También es hora de poner fin a la agresión contra el prójimo como medio de protesta, sea para defender intereses gremiales o plantear exigencias comunales.