EscucharLos diputados de oposición protestan porque ¢45.500 millones de los ¢150.000 millones reducidos del presupuesto nacional por el Ministerio de Hacienda, después de un intenso enfrentamiento con la Comisión de Asuntos Hacendarios, saldrán de gastos de capital, es decir, de inversión en infraestructura. Los legisladores insisten, con razón, en la necesidad de ahorrar gasto corriente para no profundizar el rezago nacional en obra pública.
No obstante, los ¢45.500 millones son una suma diminuta comparada con las necesidades de infraestructura o, siquiera, las de mantenimiento. Con admirable sinceridad, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, admitió la falta de recursos propios y la imposibilidad de solicitar nuevo financiamiento para las obras planeadas por su cartera.
La difícil situación de las finanzas públicas, agravada por la pandemia de la covid-19, impedirá sacar adelante una decena de proyectos viales prioritarios. “Pasarán varios años sin que podamos disponer de mayores recursos”, afirmó el experimentado funcionario. Esa es la descarnada realidad, pero no es menos cierto que el país no puede renunciar a obras indispensables para el desarrollo ni cruzarse de brazos frente al deterioro de la infraestructura existente.
La importancia de las obras suspendidas se aquilata cuando se hace un rápido repaso: radiales de Desamparados y de Heredia, vía hacia Sarchí, túnel enfrente de la fuente de la Hispanidad, intersección en Santa Ana y la ruta 27 y la ampliación del puente en Sixaola. Las necesidades de mantenimiento incluyen 450 puentes en estado crítico, según estudios del Instituto Tecnológico de Costa Rica. La reparación iba a llevarse a cabo mediante un crédito por $120 millones, pero ya no será posible contar con el financiamiento.
El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) comenzó el año con ¢185.000 millones a su disposición, pero a mediados de julio estuvo a punto de la parálisis por falta de recursos debido a la disminución de los ingresos previstos y al pago de facturas atrasadas. Para solventar el problema, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) pidió a la Asamblea Legislativa una transferencia de ¢22.000 millones destinados a las carreteras hacia Limón y San Carlos.
Pese a los terribles efectos económicos y sociales de posponer las obras públicas necesarias, siempre es más fácil desfinanciar la infraestructura. El gasto corriente tiene beneficiarios inmediatos y bien organizados. Es más fácil dejar de construir un puente o hacerle una reparación provisional que recortar beneficios concedidos por el Estado. Pero la falta de un puente tiene efectos directos en la producción y la calidad de vida de los ciudadanos.
Costa Rica ha cultivado, durante décadas, la expansión del gasto corriente sin detenerse a pensar en la repercusión del gasto de capital. Cuando inauguramos obras, pronto las olvidamos y nos convertimos en inmóviles testigos de su deterioro. Para empeorar la situación, grupos de la política nacional se empeñaron en demonizar la concesión de obra pública, al punto de convertirla en tema de campaña, como hizo el Partido Acción Ciudadana (PAC), encabezado por el expresidente Luis Guillermo Solís.
La realidad fiscal nos pone cara a cara con nuestros errores. Algunos sectores se resisten a entenderlo o a reconocerlo; sin embargo, el drama en cuanto a infraestructura, expuesto con claridad por el ministro Méndez Mata, es como el socorrido canario en la mina. Muere primero, pero quienes no se pongan a salvo lo seguirán. Después de la infraestructura vendrán programas asistenciales y, en algún momento, cuando no haya más remedio, los salarios. No debemos llegar a eso y tampoco a faltar a nuestros compromisos con los acreedores. La desfinanciación del MOPT es una poderosa razón para tomarnos en serio el problema fiscal.
