El exitoso modelo de atención de la salud en Costa Rica tiene, desde siempre, un punto débil en la salud mental. Un informe de la Gerencia de Servicios Sociales de la Contraloría General de la República es el más reciente campanazo de alerta. El documento trata sobre la falta de políticas adecuadas para enfrentar el problema del suicidio, pero las deficiencias se extienden a todos los ámbitos de la salud mental.
La limitada oferta de programas de rehabilitación para los consumidores de drogas y el bajo presupuesto dirigido a combatir males como la depresión, con más de 40.000 episodios registrados en los últimos años, sin contar los atendidos en consultorios privados, están entre las principales preocupaciones discutidas, pero no resueltas.
A raíz del informe sobre suicidios, el Dr. Francisco Gólcher, secretario técnico de salud mental en el Ministerio de Salud, describió con inusual franqueza las dificultades halladas en su despacho el 17 de agosto del 2017, cuando asumió el cargo. “Encontré la casa en llamas”, afirmó durante la entrevista concedida a La Nación.
A pesar de la epidemia de enfermedades mentales, en muchos países, incluido el nuestro, los departamentos de Psicología y Psiquiatría están entre los menos favorecidos por las asignaciones presupuestarias. En Costa Rica, además, ha habido graves problemas de ejecución del financiamiento destinado a la Secretaría encabezada por el Dr. Gólcher. En el primer semestre del 2015, dice el médico a manera de ejemplo, solo se había ejecutado el 2 % del presupuesto. La oficina, desafortunadamente, siempre acumuló superávit.
Según la ley, el reglamento de la Secretaría debía establecerse en un plazo de tres meses, pero el proceso duró cuatro años y medio. Creada la Secretaría, no se le asignó personal, salvo un médico general y, a la fecha, apenas se está intentando articular los esfuerzos a favor de la salud mental, entre ellos la capacitación de médicos en los Ebáis con el propósito de brindar atención primaria a quienes padecen alguna enfermedad mental.
La falta de atención, los diagnósticos tardíos y los tratamientos inadecuados pueden conducir a desenlaces fatales. Entre el 2014 y el 2018, la tasa de intentos de suicidio por cada 100.000 habitantes subió de 25,2 a 37,9. Aun sin tomar en cuenta la posibilidad de un subregistro, el número es alarmante.
Mientras tanto, dice la Contraloría, las políticas descritas en el Plan de Acción de la Política Nacional de Salud Mental no se han concretado y los programas para enfrentar el suicidio apenas alcanzan a menos de la quinta parte de los 82 cantones, entre ellos algunos de los afectados por las tasas de mortalidad más altas, pero no los más poblados.
Óscar Valverde, presidente del Colegio de Profesionales en Psicología, habla de una “crisis de suicidios”. No obstante, el informe de la Contraloría critica la falta de investigaciones sobre salud mental, en cuya ausencia es imposible diseñar estrategias para prevenir el suicidio y otros fenómenos.
El Dr. Gólcher confía en los efectos benéficos de una reestructuración del área de salud mental para descentralizarla y trasladar iniciativas al Hospital Nacional Psiquiátrico, donde, explicó, se han llevado a cabo eficaces labores de prevención. El ministro Daniel Salas también se compromete a avanzar no solo en la atención del suicidio, sino, en general, en los problemas de la salud mental. Es hora de llenar el vacío en las políticas nacionales de atención de la salud, tan exitosas en otros campos. La experiencia, en nuestro país y en el mundo, hace prever un aumento de las necesidades en esta materia.