La reforma fiscal se propone reducir el déficit del Gobierno para detener el crecimiento de la deuda y controlar el pago de intereses que absorben recursos de otras partidas presupuestarias. El país ya entiende la urgencia de llevar el ajuste a buen puerto y aceptó soportar una carga tributaria mayor mediante modificaciones al impuesto sobre la renta y la sujeción de los servicios al impuesto sobre el valor agregado, pero el sacrificio debe ser correspondido con un eficaz control del gasto. Desafortunadamente, de tiempo en tiempo, surgen intentos, en los más diversos frentes, para mantener gastos ineficientes e incluso aumentarlos.
Los ejemplos abundan. Un caso notable es el Consejo Nacional de Producción (CNP), proveedor de alimentos a las escuelas a precios superiores a los del supermercado y las ferias del agricultor. ¿Por qué no cerrarlo si ya no cumple una función necesaria para la sociedad? ¿Por qué no vender al mejor postor la Fábrica Nacional de Licores si pierde dinero hasta en la comercialización de su producto estrella, el guaro de caña? ¿Es función esencial del Estado moderno producir guaro a cualquier costo? Similares interrogantes pueden plantearse con respecto a Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). Por su lado, las universidades estatales argumentan una autonomía plena para gastar a manos llenas y exigir al Ministerio de Hacienda un aumento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
El último eslabón en esta cadena de incoherencias es la iniciativa de la diputada Xiomara Rodríguez, del Partido Restauración Nacional, quien invocó una supuesta sugerencia de la Superintendencia de Pensiones (Supén) para introducir una moción que eleva los ingresos netos de los pensionados de lujo, en lugar de moderarlos, como se espera de toda reforma del gasto público en un país sumido en una crisis fiscal. ¡Con cuánta facilidad olvidan el propósito de la reforma, a saber, bajar progresivamente el déficit!
En lo tocante a las pensiones de lujo, la excusa (no razón) es la supuesta doble imposición resultante de cobrar a los beneficiarios una cotización, además de una contribución solidaria. Si así fuera, lo procedente es aumentar la primera para situarla en un valor menos distante de la prima actuarialmente necesaria para retribuir a los pensionados de conformidad con su contribución al régimen. Con las pensiones de lujo no se debe tener reparos. Son un privilegio odioso, costeado por la gran mayoría de la población que ni siquiera sueña con jubilaciones tan cuantiosas. Deben ser reformadas sin demora.
Las calificadoras internacionales de riesgo —Fitch Rating, Moody’s, Standard & Poor’s— asignan una baja nota al “riesgo soberano” y colocan los títulos de deuda del Gobierno costarricense en la categoría de inversiones especulativas. Asimismo, les asignan una perspectiva negativa. Según lo anterior, existe el riesgo de una baja más en la clasificación de no mejorar el panorama. Las calificadoras justifican esas decisiones porque Costa Rica no avanza coherentemente en la dirección apropiada y, de cuando en cuando, ocurren desvíos inesperados. Las situaciones antes descritas son los mejores ejemplos.
El Ministerio de Hacienda debe asignar funcionarios para dar seguimiento permanente a los debates de las comisiones legislativas y alertar a sus superiores cuando comprueben la gestación de acciones (zancadillas) contra la disciplina fiscal, sea por ignorancia o por servir a algún grupo de presión. Eso permitiría detener a tiempo los desvíos perjudiciales y reforzar la confianza entre los agentes económicos, los productores y los consumidores en la voluntad de seguir la dirección correcta.
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