5 octubre, 2019

Las revelaciones de que el presidente Donald Trump usó indebida e ilegalmente el poderío, la política exterior y los compromisos de seguridad estadounidenses para chantajear al mandatario de un país aliado (Ucrania) y, así, obtener ganancias electorales, han conducido, con razón, a lo que hasta hace pocos días parecía imposible. El 24 de setiembre, Nancy Pelosi, líder de la mayoría demócrata, anunció la activación de un proceso para destituirlo (impeachment, en inglés) en la Cámara de Representantes. Se ha abierto, de esta manera, un período de exacerbadas tensión e incertidumbre en Estados Unidos, con implicaciones en múltiples latitudes.

El paso no solo era necesario, sino también inevitable. No hacerlo habría implicado aceptar que Trump, como presidente, está totalmente por encima de las leyes de la República y goza de impunidad para manipular a su antojo el poder que emana del electorado.

Sus consecuencias son muy difíciles de predecir y se relacionan con tres interrogantes esenciales: ¿Cuán grave y contundente será la prueba que logre acumularse sobre la conducta de Trump, su abuso de poder y hasta la posible obstrucción de la justicia en este caso? ¿Hasta qué punto conseguirán los demócratas convencer al electorado de la necesidad del proceso y el enorme daño que ha ocasionado —y todavía puede ocasionar— el presidente a su país y al mundo? ¿En qué medida lo anterior incidirá en la conducta de la mayoría republicana en el Senado, donde se necesitarán dos tercios de los votos para destituir a Trump?

Ninguna tiene, hasta ahora, respuesta. Así como el procedimiento de destitución pondría fin a su disfuncional presidencia o frustraría su reelección, también es posible transformarlo en una plataforma desde la cual inflamar, aún más, al electorado que le dio la victoria en el 2016, o a una parte sustancial de él. Por esto, los demócratas se juegan una riesgosa carta. Sin embargo, el paso no solo era necesario, sino también inevitable. Ante un uso tan arbitrario del poder, con implicaciones tan graves sobre el papel internacional de Estados Unidos y con un peligro potencial para sus intereses de seguridad, solo quedaba asumir los riesgos y actuar con drasticidad. No hacerlo habría implicado aceptar que Trump, como presidente, está totalmente por encima de las leyes de la República y goza de impunidad para manipular a su antojo el poder que emana del electorado.

Lo que se conoce del caso es suficientemente serio como para justificar el proceso, pero podrían surgir otros hechos igualmente graves. En esencia, se trata de lo siguiente:

Desde hace varios meses, personas vinculadas a Trump, sobre todo su abogado personal, Rudy Giuliani, han presionado a las autoridades de Ucrania para que revelen información potencialmente comprometedora para Hunter Biden, hijo del exvicepresidente y actual precandidato demócrata, Joe Biden, por actividades de negocios en ese país. La intención es debilitar a este último, quien hasta hace poco se veía como el principal contendiente de Trump. A falta de resultados, funcionarios gubernamentales estadounidenses se sumaron a las presiones, e incluso la Casa Blanca decidió retener una ayuda militar de $391 millones aprobada por el Congreso para Ucrania, que enfrenta un serio desafío de milicias prorrusas armadas por Moscú. Solo la restituyó, hace poco, producto de presiones de ambos partidos.

Con la ayuda congelada, el 25 de julio, en una conversación entre Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, este le mencionó la necesidad de su país de contar con cierto armamento estadounidense. Lejos de responder, Trump le pidió “un favor”, el cual consistía, precisamente, en investigar a los Biden, y le solicitó que el fiscal de Ucrania se pusiera en contacto con su contraparte estadounidense, William Barr, y Giuliani: una clara presión indebida, aunque no manifestada explícitamente.

La conversación rompió de tal manera los protocolos, que un funcionario de la CIA destacado en la Casa Blanca planteó una denuncia ante el inspector general de inteligencia. Al filtrarse los hechos, y luego de enormes presiones mediáticas y del Congreso, a la administración no le quedó más remedio que divulgar una transcripción resumida de la conversación, y el inspector general puso en manos del Congreso la denuncia del funcionario. Ambos documentos revelaron todavía más detalles sobre las transgresiones cometidas, a las cuales han seguido otras.

Los hechos son de una gravedad inusitada; no obstante, esta se acrecienta al tomar en consideración la vulnerabilidad e importancia estratégica de Ucrania frente a Rusia, y la actitud ambivalente, y generalmente favorable, de Trump hacia el presidente Vladimir Putin. Razón de más para que las alarmas se disparen y el proceso de destitución comience su marcha.

La reacción de Trump, hasta el momento, ha sido la misma utilizada, con éxito, al enfrentar otras denuncias de extrema gravedad: negar, insultar de todas las formas posibles a los denunciantes y tratar de desviar la atención del caso. Ha llegado al extremo de equiparar la iniciativa con un “golpe de Estado” y llamar “traidores” a algunos de los impulsores.

Quizá sus tácticas funcionen una vez más, lo cual se volvería contra los demócratas, mas también hay muchas posibilidades de que, esta vez, no tenga éxito. Al estar de por medio asuntos de seguridad nacional, al existir tantos cabos documentales y testimoniales de los que tirar para sustentar las denuncias, y tanto descontento y desconfianza hacia Trump de sectores responsables del gobierno y sus agencias de inteligencia, es posible que esta vez el resultado sea distinto.

Lo más probable es que, aunque el hecho adquiera enorme solidez y los ciudadanos lleguen a brindar apoyo mayoritario al juicio político, no se pueda reunir la mayoría de dos tercios en el Senado para aprobar la destitución. Sin embargo, aunque la votación resultara insuficiente, el proceso puede debilitar terminalmente las pretensiones de un segundo mandato de Trump. Sería la segunda mejor opción posible para la democracia estadounidense y sus responsabilidades internacionales.