El desarrollo urbano costarricense parecía hasta hace poco un compendio de malas prácticas. El crecimiento horizontal de las ciudades cubrió las tierras más fértiles, enterró valiosas fuentes de agua e impidió escorrentías necesarias para evitar deslaves e inundaciones. El concepto tradicional de vivienda nos encaminaba por una ruta opuesta a las recomendaciones del urbanismo moderno, que postula la densificación de las ciudades como indispensable para aprovechar racionalmente el suelo y los demás recursos cruciales para sustentar la vida.
La ciudad compacta y vertical puede ser más segura y armoniosa con el ambiente. Reduce la necesidad de transporte y promueve prácticas sanas, como el desplazamiento a pie y la apertura de espacios para la recreación. La expansión horizontal obliga a instalar amplias redes de infraestructura, cada vez más costosas. A cambio solo se obtiene un centro despoblado y vacío.
El país no ha rectificado el rumbo en la medida deseable. Las llamadas ciudades intermedias se desarrollan con repetición de los mismos vicios de sus hermanas mayores y, en estas últimas, falta mucho para revertir las tendencias históricas. No obstante, cobra fuerza un significativo desarrollo vertical que atrae pobladores de vuelta a la ciudad.
La Municipalidad de San José comprendió la trascendencia de los nuevos paradigmas y desde el 2004 consiguió la declaratoria de interés público para su Plan de Regeneración y Repoblamiento del Centro de San José. La iniciativa facilita el desarrollo vertical y los resultados están a la vista en varias zonas de la capital.
Los esfuerzos de la empresa privada se complementan con iniciativas públicas, como el entubamiento subterráneo de cables, las ciclovías y los bulevares, pero falta mucho para dotar a la ciudad de los atractivos requeridos para acelerar el proceso de densificación. La calidad de vida se ve afectada por la contaminación del aire y también la sónica, de la cual se habla menos, pero es igualmente nociva.
Las aceras están necesitadas de rehabilitación, y si bien la obligación de construirlas y mantenerlas no era de la municipalidad, ahora sí lo es, según la Ley de Movilidad Peatonal. Los gobiernos locales perfectamente podrán hacerlo y luego cobrar al propietario del inmueble vecino el importe de la reparación, incluidos los ajustes para eliminar obstáculos a las personas con discapacidad.
Respecto a las aceras, otras de las deficiencias señaladas podrían tener menos impacto sobre la calidad de vida urbana si se hiciera respetar la ley. El ruido de muflas, especialmente construidas para magnificarlo, viola la ley de tránsito, así como también los excesos de emisiones perceptibles a simple vista. Esa responsabilidad recae sobre la Policía de Tránsito, cuya eterna justificación es la falta de personal. La legislación faculta a las municipalidades para aprovechar sus fuerzas policiales para reforzar la vigilancia del tránsito, pero fortalecer el cuerpo especializado es la solución idónea.
El desarrollo guiado por criterios ambientales y de eficiencia energética impulsa cambios en todo el mundo. París se atrevió a imponerse la meta de convertirse en ciudad de un cuarto de hora (ville du quart d’heure) donde los habitantes no tarden más de 15 minutos en desplazarse, a pie, para llegar a sus centros de trabajo, estudio y compras. Si la oficina y el centro educativo remoto permanecen, en algún grado, después de la pandemia, la meta parece mucho más cercana, no solo para París, sino también para nuestra capital.
En previsión de esos cambios debemos intensificar el desarrollo de ciudades más acogedoras y eficientes. Costa Rica, en particular San José, ha dado pasos en la dirección correcta, pero hay asignaturas pendientes y nuevas circunstancias que aconsejan intensificar el proceso de cambio.