Editorial

Editorial: Transformación digital aduanera

El manejo aduanero merece atención en esta época de déficit fiscal y búsqueda de nuevos ingresos. La recaudación representó, en el 2019, un 23 % del total.

El 95 % de las importaciones no pasan por una revisión detallada en aduanas. Se les aplica el «semáforo verde» e ingresan con base en la documentación aportada. Es un procedimiento común, establecido por razones prácticas. La inspección física de todos los bienes se constituiría en un impedimento para el comercio y, a fin de cuentas, saldría más cara que la evasión.

No obstante, un informe de la Contraloría General de la República detectó motivos para examinar los procedimientos. El 95 % no revisado produce el 90 % de los ingresos, y el 5 % examinado con mayor detalle genera el 10 % de la recaudación. Además, la reducción del número de revisiones entre el 2017 y el 2019 coincidió con una caída de ingresos tributarios.

Los números, según la Contraloría, son muy significativos: hubo «una reducción en los porcentajes de recaudación sujetos a fiscalización» y estos pasaron «de un 10,03 % en el 2017 a un 8,27 % en el 2019». Es decir, una caída en ingresos aduaneros por ¢39.339 millones (un 2,9 %).

El sistema de semáforos descansa sobre la confianza, pero su eficacia depende de la sensación de riesgo creada por la posibilidad de ser descubierto y la severidad de la sanción. No obstante, la Contraloría encontró que el 40 % de los procedimientos posibles a partir de la detección de irregularidades ni siquiera se inician.

En el 22 % de los casos la imposición de las sanciones administrativas y tributarias queda pendiente para el siguiente período o no se impone castigo. La dirección de aduanas alega imposibilidad de atender todos los procesos y dice confiar en una nueva legislación para simplificar el régimen sancionatorio. Además, atribuye las deficiencias del desempeño a falta de sistemas informáticos modernos, procedimientos simples y recurso humano capacitado.

El asunto merece atención en esta época de déficit fiscal y búsqueda de nuevos ingresos. La recaudación en aduanas representó, en el 2019, un 23 % del total de la recaudación del Ministerio de Hacienda, equivalente al 3,6 % del producto interno bruto (PIB) ese año. Esa cifra y las oportunidades de incrementarla detectadas por la Contraloría aconsejan actuar con urgencia.

El estudio de la Contraloría depositó esperanzas en la nueva ley de Hacienda digital, aprobada para modernizar los sistemas informáticos del Ministerio. El proyecto, financiado con un préstamo por $156 millones, está pensado para transformar, más que renovar, los sistemas de toda la cartera.

Alicia Avendaño, impulsora del sistema TICA (Tecnología de Información para el Control Aduanero) hace 15 años, es la primera en admitir su obsolescencia. El programa, avanzado en su momento, debe ser reemplazado. La funcionaria, ahora empleada en el Ministerio de Hacienda, tendrá injerencia en la transformación digital. Si consiguiera remediar las deficiencias manifiestas en aduanas y recuperar los ¢39.339 millones echados de menos entre el 2017 y el 2019, la inversión total se recuperará en muy poco tiempo, sin contar sus efectos sobre la recaudación de otros impuestos.

«La obsolescencia de los sistemas informáticos del Ministerio de Hacienda conduce a la evasión y el fraude fiscal. La modernización es una tarea impostergable», afirmó el diputado Wagner Jiménez, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, cuando se adelantó a anunciar su apoyo al empréstito para crear la Hacienda digital. La dirección de aduanas seguramente le dará la razón cuando la ley comience a rendir frutos. Para bien del país, es necesario acelerar el proceso, previsto para completarse en seis años, pero ejecutable en tres, según Avendaño.

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