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La Unión Médica Nacional pidió a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) excluir del primer grupo por vacunar contra la covid-19 al personal administrativo cuya labor no exige contacto directo con pacientes. La petición sería innecesaria de no ser por la mentalidad imperante en nuestra burocracia. Servirse primero y luego «convidar» a los ciudadanos es una extensión del sentido de «propiedad» que define la relación de muchos funcionarios con las instituciones donde laboran.
Si la entidad ofrece préstamos para vivienda con tasas preferenciales, la mentalidad burocrática dicta como primer beneficiario al empleado. Si administra las pensiones, lo más natural es regalar una a sus funcionarios, y si pone vacunas, los ancianos con enfermedades subyacentes pueden esperar. Primero están los oficinistas del edificio de la avenida segunda, aunque estén en régimen de teletrabajo. No importa su edad o buena salud.
Encargados de la administración de tecnología y las gerencias de pensiones o finanzas, entre otros, fueron incluidos en el primer grupo donde está el personal de primera línea en la lucha contra la pandemia. No hay razón alguna. Un contador de la Caja es como cualquier otro contador y para discriminar entre ellos solo es lícito aplicar criterios objetivos, como la edad y el estado de salud.
Un funcionario de la Caja, con 25 años y en buen estado de salud no pertenece siquiera al segundo grupo, donde están los mayores de 58 años y personas con factores de riesgo. Independientemente de para quién trabaja, debe estar entre los últimos vacunados. Si en lugar de contador fuera recepcionista en una clínica, su vacunación sería prioritaria, como la de residentes y trabajadores de hogares de ancianos, cuerpos de socorro y policías.
La lógica es diáfana. Las prioridades las dicta el riesgo, no el patrono. La garantía de «continuidad de los servicios» invocada para favorecer a los empleados de la institución apenas merece desmentido. Cae por su propio peso. La covid-19 causa disrupciones en todos los ámbitos de la sociedad, pero la gerencia de pensiones puede funcionar, como hasta ahora, unos meses más. La excusa causa enojo. Es un grosero intento de tomar el pelo a todos los cotizantes, asegurados y patronos, para perpetuar la cultura del privilegio.
Lo dicho para la Caja vale para el Ministerio de Salud, cuyo personal administrativo ajeno a actividades de inspección, vacunación y otras que los pongan en riesgo deben ocupar su lugar en la fila como cualquier otro ciudadano.
La escasez de vacunas hace temer el surgimiento de fenómenos de corrupción. Las instituciones sanitarias deben evitarlos para preservar la integridad y credibilidad de la campaña. Crear excepciones injustificadas y odiosas estimula las argucias y provee racionalizaciones para quienes se animen a hacer trampa.
Un proceso ordenado de vacunación exige respeto hacia las prioridades dictadas por rigurosos criterios médicos. Por eso compartimos con la Unión Médica Nacional la petición de excluir de la lista prioritaria, «de manera inmediata», al personal ajeno a las actividades riesgosas y digitalizar todo el proceso para evitar toda posibilidad «de duplicación de acciones u omisión de vacunación de personas con factores de riesgo».
El uso del expediente digital único en salud (EDUS) permitiría crear un sistema de citas programadas para evitar largas filas de pacientes en los centros de vacunación e identificar a las personas de alto riesgo y con dificultades de movilización para inocularlas en sus domicilios. En eso debería estar pensando la Caja y no en repartir granjerías entre sus empleados.
