Editorial: Tomar los piques en serio

Los picones se habían adueñado de la vía para hacer piruetas y competencias de velocidad cuando un auto salido de control embistió a los espectadores, siguió su impredecible trayectoria y golpeó lo que estuviera a su paso, incluidas 25 motocicletas estacionadas. Había muchas otras, pero, apenas sucedió el choque, los espectadores se dispersaron junto con los protagonistas de las competencias. Atrás quedaron los heridos y los vehículos inmovilizados por el impacto.

La escena quedó grabada en los celulares de varios testigos, y solo cabe esperar la pena más rigurosa para los responsables. La conducción temeraria es, por sí misma, castigada por ley. Si causa lesiones o muertes, la irresponsabilidad de los autores agrava estos delitos para hacerlos merecedores del extremo mayor de las penas. Los picones reconocen perfectamente el peligro para sí mismos, los espectadores y, peor todavía, para las personas inocentes con derecho a transitar por las vías públicas sin ser víctimas de la criminal “diversión” de un puñado de delincuentes.

En Pavas, una pareja de ancianos fue atropellada camino a la feria del agricultor, adonde iban a vender ajos. En La Lima, un joven falleció y su amigo fue trasladado al hospital con lesiones graves. El homicida huyó del lugar y, cuando se le capturó, la Policía confirmó sus antecedentes por tenencia de drogas. Cerca de Rohrmoser, una joven perdió las piernas tras ser embestida por un auto salido de control.

El padre del joven fallecido en Cartago definió la gravedad del delito con una claridad que deseamos para los tribunales. “Este no es un accidente; accidente es cuando pasan cosas involuntarias. Esto es asesinato”. Así debe ser considerado, sin contemplaciones. El mero peligro creado por las carreras clandestinas de vehículos bastó al legislador para reprimir la actividad hasta con tres años de cárcel, aunque no haya daños personales.

Si la ley se aplicara, los picones correrían un riesgo demasiado grande de caer en la cárcel. No hay un delito más público ni más fácil de probar. Infiltrar a un par de policías entre los espectadores, filmar el delito con un teléfono y hacer los arrestos no parece tan difícil como otras operaciones, de mayor riesgo y complejidad. Los lugares y días escogidos por los picones son los mismos, con alguna rotación, y las convocatorias se llevan a cabo utilizando las redes sociales. Es imposible mantener en secreto una actividad ilícita cometida en público con participación de centenares de personas.

En última instancia, los primeros en denunciar son los vecinos y conductores sometidos injustamente al peligro y a la ruptura de la paz de sus barrios con el estruendo de motores arreglados para quebrantar los límites de decibeles fijados por ley. La coordinación entre cuerpos policiales podría poner fin al flagelo si los tribunales también se animaran a aplicar la ley con la rigurosidad del caso.

Si no ocurre, es porque las autoridades no lo toman en serio. Los homicidios y mutilaciones continuarán, así como el martirio de los vecinos de las zonas afectadas, mientras no haya una decisión en firme de frenarlos. Cuando se produzca, tragedias como la del parque de la Paz pronto serán raras.