El 20,5 % de las 2.234 personas beneficiadas entre el 27 de febrero del 2017 y el 18 de julio pasado con el monitoreo electrónico volvieron a delinquir, según informes de la Unidad de Análisis Criminal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) basados en datos del Ministerio de Justicia y Paz. La cifra es demasiado alta, pero solo indica un mal uso de la medida sustitutiva de la cárcel, no su fracaso.
Las tobilleras son un imperativo moral para una sociedad incapaz de resolver el hacinamiento carcelario y dotar a los reos de condiciones apropiadas. También son un elemento favorable para la rehabilitación, proclamada como el principal objetivo de la política penitenciaria de todo país civilizado, incluido el nuestro.
Nada de eso justifica el empleo deficiente de la medida, como parece estar sucediendo en vista de las cifras y el sorprendente número de beneficiados con más de una visita al archivo policial. Algunos contabilizan hasta ocho delitos cometidos con todo y tobillera.
Peor todavía, la mayor parte de esos delitos implica violencia contra las personas o las cosas. Hubo ocho casos de homicidio, seis de violación, seis de abuso sexual contra persona menor y seis de homicidio calificado, pero también robo agravado (238), robo simple (24), robo (12), resistencia (11) y maltrato (11). Además, la portación ilegal de armas de fuego (20) preocupa por su potencial violento.
En todos esos casos, la falla no es del monitoreo electrónico, sino del sistema de concesión del beneficio. Nuno Caiado, consultor portugués contratado por el Ministerio de Justicia, confirma esa realidad. Cuando los jueces autorizan la medida sustitutiva, carecen de informes fiables sobre las condiciones sociales y personales del beneficiado. No saben, por ejemplo, si tiene adónde ir o cómo integrarse a una vida distante de factores de riesgo. Los propios jueces admiten la deficiencia y claman por mejor información.
La vigilancia electrónica no es para todos los casos ni puede disponerse en ausencia de una base científica. Lo mismo puede decirse de otros beneficios y medidas. En un mundo ideal, los jueces contarían con la asesoría de criminólogos, sicólogos y siquiatras a la hora de imponer las penas pero, cuando menos, deben tener ese apoyo al decidir si depositan en un reo la confianza para conceder el monitoreo electrónico y otras alternativas.
Tan importante como impedir la prematura liberación de quien represente una amenaza es sacar de la cárcel a quienes no plantean mayor riesgo. En Costa Rica hay cárceles, como las de Puntarenas y San Carlos, donde la sobrepoblación ronda el 80 %. En general, el hacinamiento era de 36,7 % en julio. Los reos duermen en el suelo y aun en los baños. El exceso de población en espacios concebidos para muchos menos, aparte de ser incompatible con el respeto a los derechos humanos, crea condiciones para la violencia y, sin duda, va a contrapelo de los pregonados fines de rehabilitación.
Ninguna persona apta para participar de un programa alternativo debe permanecer en prisión, no solo para librarla de las condiciones descritas, sino para que su presencia no las agrave. Por eso y por la posibilidad de acelerar la reinserción en la sociedad, vale la pena invertir en el fortalecimiento de la vigilancia electrónica y otras opciones. Sobre todo, es necesario afinar los criterios de concesión del beneficio para impedir el desprestigio del sistema a ojos de la ciudadanía.