21 febrero

Un “sistema integrado de monitoreo en fronteras, puertos y aeropuertos” para impedir trasiegos ilícitos es, sin duda, una idea atractiva, pero el país debe pasar de la retórica a la acción, como lo demostraron los 5.800 kilos de cocaína decomisados en el puerto de APM Terminals en Limón.

Es el mayor cargamento en la historia nacional y supera la totalidad de lo decomisado el año pasado. Estaba listo para salir con rumbo a Holanda, disimulado por un cargamento de plantas ornamentales cultivadas en San Carlos. En el trayecto entre la zona norte y el puerto, los delincuentes introdujeron la droga en el camión, dice la Policía.

En el principal puerto del Pacífico, carecen por completo de escáneres, pese a la oferta de la concesionaria de instalarlos “a un precio razonable”, según el gerente.

La droga ya estaba en el país y habría salido con rumbo a Europa de no ser por los escáneres instalados por la concesionaria en cumplimiento de su contrato, pero aun ese servicio es limitado y la revisión recae sobre un pequeño porcentaje de los furgones trasegados por el puerto, cuyos administradores actúan a instancia de las autoridades de seguridad. Por lo general, los decomisos son producto de una labor previa de inteligencia nacional y extranjera.

En el principal puerto del Pacífico, carecen por completo de escáneres, pese a la oferta de la concesionaria para instalarlos “a un precio razonable”, según Ricardo Ospina, gerente de la Sociedad Portuaria de Caldera. El ofrecimiento está planteado desde el 2008. Hasta la fecha, el gobierno no lo ha aceptado. La explicación más reciente es la intención de contar con el “sistema integrado de monitoreo”, en lugar de un medio aislado de vigilancia.

De nuevo, suena bien, pero ¿cuándo? El gobierno chino ha ofrecido donar equipos similares y el país no acepta. Una comisión interinstitucional (también suena bien) estudia la instalación del “sistema integrado”, pero hasta el momento solo existe la esperanza de contar “muy pronto” con el equipo necesario, según declaraciones del ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora.

El gobierno no duda de la urgencia y reconoce el atraso, pero no tiene una fecha probable para la instalación del “sistema integrado”. En todo el mundo, hay puertos y sistemas ejemplares. Son costosos, más no inasequibles. Son, también, necesarios y se pagan solos con el freno al contrabando y la protección de la reputación del país, importante por razones que trascienden la satisfacción moral.

La confiscación de drogas en embarques de productos legítimos procedentes de Costa Rica obliga a las autoridades de los puertos de destino a revisar nuestras exportaciones con mayor cuidado. La demora puede ser suficiente para impedir el arribo de los perecederos a los centros de comercialización en óptimo estado o con la duración requerida por los supermercados.

Holanda incautó, hace poco menos de un año, 1.600 kilos de cocaína ocultos en un embarque de banano procedente del megapuerto de Moín. Es una fruta delicada y el hallazgo de otros 5.800 kilos provenientes de nuestro país habría sido una pésima noticia para sus exportadores. El peligro de un nuevo traspié es grande.

El fortalecimiento de la seguridad aduanera también importa por razones ajenas al comercio exterior. No sabemos cuándo llegó al país el enorme cargamento decomisado en Limón, pero no hay duda del involucramiento de un grupo numeroso de personas en las operaciones de transporte, almacenamiento, custodia y trasbordo de la droga. El narcotráfico internacional corrompe y crea peligrosas estructuras locales, a menudo pagadas con drogas que alimentan el mercado interno.

No hay tiempo para prolongar las decisiones sobre los sistemas de seguridad necesarios. La comisión interinstitucional debe hacer público su cronograma de trabajo, explicar los plazos y contraer el compromiso de concluir la tarea en poco tiempo. Han pasado ya demasiados años.