17 junio

Tras largos años de debate y parálisis, Costa Rica anuncia un sustancial programa de concesiones que incluye los proyectos San José-Cartago ($400 millones), San José-Río Frío ($600 millones), la ampliación de la ruta San José-Caldera ($500 millones), el tren rápido de pasajeros ($1.500 millones) y, en una etapa previa, la modernización de la carretera San José-San Ramón ($600 millones).

Cerrar la brecha en obra pública no depende de nuevas leyes, sino del cumplimiento de las fases preparatorias, las reglas claras y una política de Estado consistente y duradera.

Esas iniciativas no son solo un medio para impulsar la reactivación económica, sino también una oportunidad de posicionar al país como destino de inversión en infraestructura en un entorno global muy competitivo. Los buenos resultados dependen de la creación de condiciones para celebrar licitaciones donde concurran empresas concesionarias de primer nivel.

Para lograrlo, es preciso presentar proyectos bien preparados y, sobre todo, un compromiso con políticas que trasciendan periodos presidenciales, en un marco jurídico estable. Esos son los elementos señalados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su guía Principios para la participación del sector privado en infraestructura.

El país atraviesa por una delicada situación fiscal, causante de reducciones en la calificación de riesgo, lo cual mina su atractivo para concesionarios y financistas. En esas circunstancias, la estabilidad política y jurídica se convierte en un activo esencial. Por eso, es crucial analizar con especial cuidado iniciativas como el Proyecto de ley nacional para el desarrollo, fomento y gestión de las alianzas público privadas (expediente 21420) que, no obstante las mejores intenciones, podría comprometer el desarrollo de nuevas obras.

En materia de asociaciones público-privadas (APP) existe un marco legal plasmado en la Ley General de Concesión de Obras Publicas con Servicios Públicos (n.° 7762) y en la reforma aprobada en el 2019 por medio de la Ley 9701. Así como sería inconcebible un mercado de capitales donde convivan varias leyes reguladoras del mercado de valores o leyes orgánicas del Banco Central, lo es también someter el desarrollo de infraestructura a una confusión semejante.

El desdén por la planificación y la tentación de pensar que todo se resuelve con nuevas leyes distrae de los problemas de fondo. Es necesario reflexionar sobre la ley de concesiones y valorar los elementos puntuales que podrían modificarse con base en criterios técnicos, sin arriesgar la seguridad jurídica y el desarrollo de los proyectos planteados.

El Banco Interamericano de Desarrollo en sus Principios fundamentales en leyes APP: repaso de América Latina y el Caribe, describe a Costa Rica como un país con un marco legal estable y definido. Asimismo, especialistas en la materia señalan que la ley actual es técnicamente una de asociación público-privada (APP), dada su amplitud de alcance en términos de modelos contractuales y sectores de aplicación. El problema, entonces, no es la ley, sino la institucionalidad que la ejecuta, lo cual podría solucionarse mediante la transformación del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) en un ente con la capacidad técnica y humana para el desarrollo y fiscalización de los esquemas de inversión privada.

Este elemento, al igual que el fondo de preinversión generado por la reforma del 2019, se atendería como un cambio puntual que no ponga en riesgo el delicado resurgir del país en la industria de la infraestructura y el desarrollo de proyectos pospuestos durante décadas. La experiencia indica que cerrar la brecha en infraestructura no depende de nuevas leyes, sino del cumplimiento de las fases preparatorias, la observación de reglas claras y una política de Estado consistente y duradera.