18 febrero

La Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones (Anttec) se llevó un portazo en la cara cuando pidió al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) informar de los criterios técnicos y financieros considerados para elegir los servicios y equipos de la empresa Huawei en el proyecto Range II, cuyo objetivo es extender la Internet por fibra óptica.

Jaime Palermo, gerente de Telecomunicaciones nombrado gerente general interino en medio de otras polémicas decisiones de la junta directiva suspendida por el Consejo de Gobierno el 29 de enero, declaró confidencial la información de Range II. El secreto, dice la directriz, es permanente y hasta la destrucción de los documentos. El ICE no solo aspira a operar en secreto frente a la sociedad, sino también frente a la historia.

La institución defiende la falta de transparencia señalando disposiciones incorporadas a su ley de fortalecimiento, emitida cuando el país abrió el monopolio de las telecomunicaciones

Por los siglos de los siglos, los entretelones de la multimillonaria negociación permanecerían ocultos y los cuestionamientos del sindicato sobre el rechazo de otras ofertas, más baratas e igualmente eficaces, carecerían de respuestas documentadas. El 18 de enero la Sala Constitucional ordenó a la entidad entregar la información a Anttec, casi tres años después de girada la directriz del silencio.

El ICE se siente autorizado para actuar así. Su junta directiva, en funciones hasta hace poco, más bien premió la gestión de Palermo elevándolo a gerente general. Según la institución, los ciudadanos de hoy y los del futuro no tienen derecho a conocer detalles de la contratación con Huawei. Lo mismo vale para muchas otras actuaciones de la institución.

Países democráticos con graves preocupaciones de seguridad nacional y sofisticados aparatos de inteligencia, como los Estados Unidos, siguen rigurosos lineamientos para declarar secretas las más delicadas informaciones. Cuando lo hacen, no puede ser a perpetuidad y hay normas para garantizar la preservación de los registros. Las mismas leyes que autorizan la discreción exigen levantar el secreto transcurridos algunos años. En el ICE, sobrevendrá primero la destrucción de los documentos.

La institución defiende la falta de transparencia señalando disposiciones incorporadas a su ley de fortalecimiento, emitida cuando el país abrió el monopolio de las telecomunicaciones. Esa legislación se ha interpretado de forma peligrosamente expansiva, más allá de las telecomunicaciones para incluir los negocios eléctricos y más allá de los datos reveladores de estrategias comerciales frente a la competencia.

En consecuencia, el país no se entera de contrataciones y manejos administrativos de primordial importancia, o lo hace con demasiada tardanza. El Consejo de Gobierno acaba de solicitar información pormenorizada sobre la compra de Cable Visión, empresa sumida en serias dificultades financieras por la cual el ICE pagó $12,3 millones. Desde entonces, la operación ha exigido inversiones adicionales por ¢23.000 millones.

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A un año de la compra, la Contraloría General de la República calificó las pérdidas como riesgosas para la Hacienda pública. La negociación se ejecutó en el 2013 y ya en el 2017 la Contraloría hablaba de pérdidas acumuladas por ¢5.534 millones, equivalentes al 48 % del patrimonio de la empresa. Sin embargo, los detalles del negocio todavía no están claros siquiera para las más altas autoridades gubernamentales, como lo demuestra la petición de informes formulada hace un par de semanas por el Consejo de Gobierno.

La nueva administración del ICE, encabezada por Irene Cañas, ha dado muestras de compromiso con la transparencia. Lo mismo debemos apuntar del Consejo de Gobierno, pero es necesario redefinir, en la práctica y en los textos, el margen de confidencialidad concedido a la institución. Solo así dejaremos de llevarnos sorpresas desagradables cuando es demasiado tarde para evitar daños.