Al cierre de su mandato, el expresidente Luis Guillermo Solís se presentó ante el plenario legislativo, pidió a los diputados “completo patriotismo” en el manejo de las finanzas públicas y reclamó reconocimiento del “heroísmo” de su gobierno en esa materia. Parecía un ejercicio de “hechos alternativos”, según el término acuñado en la política estadounidense para describir la obstinada negación de la verdad y su suplantación por la narrativa oficial.
A esas alturas, el país tenía claro el deterioro del erario a lo largo de la administración Solís y la urgencia de reparar el daño. Por lo menos, creíamos tenerlo claro. Poco después, los sucesores de Solís y de su vicepresidente Helio Fallas, también a cargo del Ministerio de Hacienda durante los cuatro años del mandato, revelaron al país detalles de una crisis mucho más dramática: sin saberlo, habíamos heredado un faltante de ¢600.000 millones no incluidos en el presupuesto del 2018.
Cuando conoció las verdaderas profundidades de la crisis, la nueva administración se vio obligada a confeccionar un presupuesto extraordinario para llenar el “hueco fiscal”, como se empezó a conocer la maniobra sin precedentes, según afirman miembros de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa. Hacienda también se vio en la necesidad de plantear un segundo presupuesto extraordinario por ¢300.000 millones para salir a flote temporalmente.
Tan extrema se planteó la situación que la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, corrió a pagar, sin autorización legislativa, vencimientos de bonos emitidos a finales del 2017 a muy corto plazo y altas tasas de interés para llegar al 8 de mayo, entregar el poder y batirse en “heroica” retirada, dejando al nuevo gobierno gravemente comprometido.
La decidida y valiente intervención de la ministra de Hacienda evitó las consecuencias de un incumplimiento de las obligaciones financieras nacionales, pero la funcionaria pagó el precio de una acusación por actuar a espaldas de la ley. Al mismo tiempo, Aguilar reveló ante los diputados las razones de la emergencia y confirmó que la nueva administración nunca fue informada del “hueco fiscal”.
La “casa de cristal” prometida por Solís ya estaba empañada. Una larga cadena de incidentes y escándalos habían dado al traste con la promesa desde los primeros meses del mandato, pero en el último acto de irresponsabilidad y ocultamiento la administración alcanzó una verdadera cúspide. Desde luego, las protestas de “heroísmo”, a las cuales muy pocos dieron crédito, brillan hoy como ejemplo de la más pura ironía.
La Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos aprobó, por abrumadora mayoría, un informe donde establece responsabilidades y recomienda inhabilitar a Solís y a Fallas para el ejercicio de cargos públicos durante cuatro años. Además, pide al Ministerio Público examinar las actuaciones de siete funcionarios para determinar si alguno cometió delito. El plenario legislativo no debe dejar pasar la oportunidad de aprobar el resultado de las investigaciones para sentar un precedente.
Para cumplir los deberes de tan altos cargos, no basta con abstenerse del enriquecimiento ilícito. La administración responsable y transparente es tan importante como el despliegue de otras virtudes. Para comprobarlo, son suficientes las colosales consecuencias de este caso. Por sus repercusiones, el “hueco fiscal” rivaliza con los peores hechos de corrupción, y si se demostrara fehacientemente la conclusión de los diputados sobre presuntas motivaciones electorales, lo sucedido sería mucho más grave.