21 octubre, 2019

El 60 % (50.593) de los 84.322 funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP) tienen comprometido el 50 % del salario o más, según datos de la institución. Entre ellos, hay 18.701 docentes con más del 80 % de sus ingresos empeñados. El día de pago reciben menos del 20 % del sueldo y se ven en aprietos para enfrentar necesidades básicas.

El 54 % de los compromisos contraídos por los costarricenses es consecuencia de préstamos adquiridos para el consumo, muchas veces superfluo, y solo el 46 % responde a créditos para compra o construcción de vivienda.

El endeudamiento de la población costarricense es alarmante. Entre el 2011 y el 2018, la deuda familiar promedio se duplicó, de ¢4,4 millones a ¢8,6 millones, pero los ingresos crecieron a un ritmo mucho más pausado, del 18 %. La relación entre deuda e ingreso promedio es de más de ocho veces, explica el superintendente general de entidades financieras, Bernardo Alfaro.

Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, estima en un 64 % la cantidad de ingresos dedicados por los hogares costarricenses a atender las deudas. Según parámetros internacionales, dice el alto funcionario, la cifra no debería rebasar el 35 % o, cuando mucho, alcanzar el 40 %.

Según la presidencia de la República, más de 35.000 empleados del Gobierno Central reciben menos de ¢190.000 al mes. Los ingresos líquidos del 14,5 % de esos funcionarios están por debajo del salario mínimo. El panorama en el sector privado tampoco es alentador. Muchas empresas comienzan a preocuparse por el nivel de endeudamiento de sus empleados y diseñan, junto con ellos, planes de salvamento y educación financiera.

Sin embargo, el problema es demasiado complejo para enfrentarlo con esfuerzos aislados. La tarea es urgente, tanto por razones de humanidad como por motivos económicos. La reactivación de la economía encuentra en el endeudamiento una limitación formidable. El mercado interno no crece por falta de consumo, y ese ingrediente permanecerá fuera de la ecuación mientras las deudas restrinjan excesivamente el gasto.

En buena hora el gobierno decidió impulsar un programa de salvamento. Además del financiamiento necesario para consolidar deudas con tasas de interés razonables y un plazo adecuado, la iniciativa contiene tres componentes críticos para asegurar su eficacia en el futuro. En primer lugar, exige el compromiso de no volver a endeudarse mientras no esté cancelado el 50 % de los créditos refinanciados.

Por otra parte, para facilitar el control del cumplimiento, se fortalecerá el Centro de Información Crediticia de la Superintendencia General de Entidades Financieras con el fin de incluir más datos sobre el historial de crédito de los ciudadanos y de las empresas que conceden los préstamos.

Además, la participación en el programa exigirá a los deudores llevar cursos de educación financiera. Es un componente tan fundamental como el compromiso de no volver a endeudarse. El 54 % de los compromisos contraídos por los costarricenses es consecuencia de préstamos adquiridos para el consumo, muchas veces superfluo, y solo el 46 % responde a créditos para compra o construcción de vivienda.

El programa tendrá éxito en tanto el consumo futuro de las familias sea el necesario para satisfacer necesidades reales y abrir a sus miembros oportunidades de crecimiento en todos los ámbitos. Si la liquidez liberada por la readecuación de deudas sirve para alimentar un nuevo ciclo de consumo superfluo, poco se habrá logrado y hasta existe la posibilidad de una desmejora en muchos casos.

El estricto control de nuevos endeudamientos y la calidad de la educación financiera ofrecida exigen más pensamiento. Si la quinta parte de los educadores más endeudados decide acogerse al programa, habría 10.000 personas necesitadas de formación financiera. ¿Quién se las dará? ¿Cómo combatirá el sistema los créditos de prestamistas particulares, difíciles de detectar por el Centro de Información Crediticia? Esas y otras interrogantes son clave para el éxito de una iniciativa, sin duda, urgente.