4 septiembre

Las erogaciones de las empresas se suelen clasificar en gasto, consumido en el período presupuestario, y capitalización, con vida por varios años. Lo mismo ocurre en las finanzas públicas, en las cuales se utiliza la clasificación de gasto corriente, o de consumo, y gastos de capital, como los destinados a la construcción de puertos, carreteras, hospitales y aulas. La capitalización no es necesariamente preferible al gasto de consumo, pues en educación pública y salud, por ejemplo, buena parte de las erogaciones se tratan como de consumo, aunque los beneficios de una juventud educada y sana se extienden por muchos años.

En situaciones de limitación presupuestaria, como la actual, cuando las medidas para enfrentar la pandemia de la covid-19 obligan a incrementar ciertas partidas de gasto y reducen, a la vez, los ingresos tributarios, es inconveniente recurrir al endeudamiento, con independencia de su magnitud, para resolver el déficit resultante. Es mejor revisar la totalidad del presupuesto y priorizar las partidas para ahorrar en lo que razonablemente se pueda y, por esa vía, procurar que el endeudamiento público y la carga de intereses en el futuro crezcan lo menos posible.

Sin embargo, suele darse una lucha de intereses opuestos, pues, mientras los contribuyentes favorecen la reducción significativa del gasto corriente, en particular remuneraciones elevadas, viajes y recepciones, los representantes de una parte del sector público apelan a todo razonamiento para evitar la reducción de las partidas de su interés. Es así como las universidades públicas, donde los beneficios extrasalariales son elevados, alegan su autonomía para oponerse a toda reducción del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Voceros del Poder Judicial, donde también destacan las altas remuneraciones, pluses y pensiones, afirman que toda reducción de su presupuesto afectaría el funcionamiento institucional y, por eso, se oponen a los intentos de racionalizar el gasto público, con independencia de si se está frente a una emergencia nacional.

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En estas condiciones no es de extrañar que las partidas con menos defensores, como las de capitalización, sean las sacrificadas. En el primer semestre de este año, el gasto de capital del gobierno cayó casi un 40 % en relación con el mismo periodo del año pasado, por una mezcla de lento avance en las ejecuciones y recortes directos para reducir el déficit fiscal. Eso no deja de ser preocupante, porque toda obra nueva o mantenimiento de la existente contribuye a la creación de empleo y, también, buena parte de los proyectos afectados son carreteras que coadyuvan a la reactivación del aparato productivo, tan necesaria en la actualidad.

Toda reasignación de gasto presupuestario debe obedecer a un análisis de costo y beneficio, pues hay partidas que deben permanecer intactas, y hasta aumentar, pero en muchas es posible recortar parcial o totalmente porque figuran en lugares muy alejados de la lista de prioridades nacionales. Desafortunadamente, no siempre se actúa así, y los recortes presupuestarios se dan donde tengan menor oposición de grupos de interés y de presión.

En vista de las limitaciones del presupuesto público, como sucede en Costa Rica, los recortes en el gasto de infraestructura incrementan la necesidad de recurrir con especial celo y urgencia a la figura de concesión de obra pública, que constituye una eficaz vía para atender las necesidades de obra física sin afectar el presupuesto nacional. Pero tampoco se ve mucho avance en esta materia, lo cual es, también, lamentable.